El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez a la derogación de la ley de memoria democrática y ha acordado su suspensión.

La suspensión de la vigencia y aplicación, según una nota del tribunal de garantías, se da desde el 9 de junio, que es la fecha de interposición del recurso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE. En el recurso se alegaba que la norma también vulnerara supuestamente «los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

La normativa, aprobada bajo el Govern de la socialista Francina Armengol, incluía cuestiones como la elaboración de un censo de elementos «franquistas» para proceder a su retirada o eliminación y el derecho a prohibir actos y homenajes.

La derogación supuso el cumplimiento de una de las promesas electorales fundamentales de VOX en Baleares y marcó un hito en la legislatura, eliminando un marco normativo que el partido siempre ha señalado como una herramienta de confrontación social y política.

Con la derogación, VOX aseguró que se devolvía a las Islas Baleares «al marco de la neutralidad institucional, evitando que los fondos públicos se utilicen para promocionar una visión sesgada de la historia».