El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la condena que le impuso el Tribunal Supremo por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife), enmendando así al alto tribunal, al considerar que impuso un «desproporcionado sacrificio» al exdirigente «morado» porque perdió el escaño.
Según las fuentes jurídicas, así lo ha acordado el Pleno con el apoyo de la mayoría progresista —de siete magistrados frente a cuatro—, si bien el magistrado progresista Ramón Sáez ha emitido un voto concurrente. Por su parte, los otros cuatro magistrados, encuadrados en el ala conservadora, han anunciado voto particular.
La corte de garantías ha acogido así la segunda ponencia redactada por la magistrada progresista María Luisa Segoviano sobre el amparo solicitado por Rodríguez frente a la sentencia del TS al entender que durante el proceso judicial se vulneraron sus derechos fundamentales.
El TS condenó a Rodríguez a la pena de prisión de 1 mes y 15 días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El alto tribunal sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros, si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados.
En una primera ponencia, que fue analizada el pasado octubre, Segoviano propuso amparar a Rodríguez esgrimiendo que las consecuencias de la condena dictada por el Supremo fueron desproporcionadas porque provocaron que el exdirigente «morado» saliera de la Cámara Baja.
La mayoría izquierdista del TC estuvo de acuerdo con Segoviano en la necesidad de amparar a Rodríguez, pero no en los motivos, por lo que la expresidenta de la Sala de lo Social del TS decidió retirar su texto para ajustarlo al criterio mayoritario. Así, a este nuevo Pleno ha llevado una segunda ponencia —la finalmente aprobada— donde mantiene su propuesta de amparar a Rodríguez con un razonamiento distinto. En concreto, expone que la operación jurídica que hizo el Supremo fue incorrecta porque al sustituir la pena de cárcel por multa ya no era posible mantener la pena accesoria (la inhabilitación).
