El Tribunal Constitucional con mayoría de magistrados de izquierdas, nombrados por el PSOE; avalará esta semana el decreto anti-desahucios del PSOE y sus socios que permite la okupación de viviendas, tal y como ha publicado la web El Debate. Al parecer, el ponente de la sentencia, Ricardo Enríquez, era partidario de dar la razón parcialmente al Partido Popular, quien había presentado el recurso contra la norma que facilita la okupación delictiva y dificulta los desahucios tanto de personas vulnerables como de las que asaltan y okupan inmuebles.
La norma se aprobó por Decreto y nunca ha pasado por el Congreso, pero ha terminado perdiendo su carácter temporal para convertir la okupación en una situación jurídica mantenida en el tiempo, por lo que el PP decidió tratar de recurrirla en sede judicial.
Dos magistrados conservadores, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, emitieron un voto particular afirmando que el Constitucional debió declarar la inconstitucionalidad del decreto-ley con el desde 2021, en época de la pandemia, está permitido paralizar los desahucios incluso de quienes han sido condenados a abandonar las viviendas de terceros.
La ley, además, considera vulnerables ahora mismo incluso a personas con ingresos de 1.700 euros mensuales, siempre que hayan perdido una parte de sus ingresos. También a los desempleados y personas que se encuentren en un ERTE.
