El empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal y señalado como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, contaba con un contrato que fijaba una comisión del 1% en el supuesto de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Según desvela El Mundo, ese documento se encontraba almacenado en uno de los ordenadores incautados por la Policía Judicial el pasado mes de diciembre. En el texto se establecía una prima de éxito condicionada a que el Gobierno concediera la ayuda pública a la compañía española con capital venezolano. Finalmente, el Consejo de Ministros autorizó en marzo de 2021 una inyección de 53 millones de euros con cargo a fondos públicos.
Personas del entorno de Martínez, que fue contratado por Plus Ultra en 2020 como asesor externo para encargarse de cuestiones relacionadas con la operativa en Venezuela y con autoridades del régimen de Nicolás Maduro, admiten la existencia del documento. No obstante, sostienen que nunca llegó a aplicarse y lo califican como un simple borrador sin efectos jurídicos.
Esas mismas fuentes afirman que el contrato fue elaborado en un momento de incertidumbre empresarial, en plena pandemia, cuando la aerolínea temía su desaparición. Insisten en que no se ejecutó y que Martínez no realizó gestión alguna orientada a lograr el rescate. También niegan que recurriera al expresidente Zapatero para interceder ante el Gobierno de Sánchez.
Sin embargo, las cantidades que percibió el empresario, próximas al medio millón de euros, guardan una evidente similitud con el 1% de la ayuda inicialmente solicitada. La compañía presentó el 31 de agosto de 2020 una petición de 50 millones de euros, de acuerdo con la documentación consultada.
Por su parte, Plus Ultra rechaza haber encargado a Martínez cualquier actuación vinculada a la obtención del respaldo estatal. La aerolínea asegura que su cometido se limitó al asesoramiento en cuestiones operativas en Venezuela, como trámites aduaneros, incidencias en el envío de material aeronáutico o la exploración de nuevas líneas de negocio.
En relación con el rescate, la empresa sostiene que no otorgó mandato ni autorización alguna para gestionar esa ayuda y que la preparación de la documentación requerida se llevó a cabo exclusivamente con personal propio y con asesores externos contratados para el plan de negocio y el análisis económico y legal. Asimismo, afirma desconocer la existencia de un contrato relacionado con el rescate y señala que no puede pronunciarse sobre documentos elaborados por terceros sin vínculo contractual con la compañía a tal efecto.
