El ‘testaferro’ de Zapatero, Julio Martínez Martínez, se prepara para comparecer el próximo 21 de julio ante la Audiencia Nacional con la intención de adoptar una estrategia de colaboración con la Justicia. Según diversas fuentes cercanas a su entorno, el empresario alicantino estaría dispuesto a facilitar información a la investigación que dirige el juez José Luis Calama sobre el denominado caso Plus Ultra, aunque todavía no ha decidido hasta dónde llegará esa cooperación ni si implicará de forma directa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El cambio de rumbo en su defensa se produjo tras sustituir a su anterior abogado, Bernardo del Rosal, por la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, especialista en Derecho Penal y con experiencia en acuerdos de conformidad con la Fiscalía. Personas próximas al empresario aseguran a The Objective que tanto su nueva letrada como varios familiares le han recomendado optar por una colaboración amplia con los investigadores para intentar mejorar su situación procesal.

La ruptura con su antiguo equipo jurídico se produjo a finales de mayo, cuando Del Rosal abandonó la defensa alegando discrepancias irreconciliables sobre la estrategia a seguir. Poco después, Martínez incorporó a Márquez de Prado, conocida por haber participado en procedimientos de gran repercusión mediática en los que logró pactos con el Ministerio Fiscal, como el caso Nummaria o la defensa de Rosalía Iglesias durante el caso Gürtel.

Dentro de la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que Julio Martínez desempeñaba un papel esencial en la estructura que está siendo investigada. Los agentes sostienen que el empresario habría actuado como hombre de confianza de Rodríguez Zapatero en distintas operaciones empresariales, mientras que el expresidente aparece descrito en los informes policiales como el supuesto dirigente de una organización dedicada a utilizar su influencia política para favorecer intereses privados y obtener beneficios ilícitos.

El empresario, sin embargo, interpreta que parte del material incorporado a la causa podría favorecerle. Según ha trasladado a personas de su entorno, en varias conversaciones intervenidas otros investigados lo califican como un simple «lacayo», es decir, alguien que ejecutaba instrucciones ajenas y no quien tomaba las decisiones principales. A su juicio, esa circunstancia podría servir para reducir su grado de responsabilidad penal, aunque quienes le rodean consideran que esa tesis no basta para garantizarle una posición favorable.

Fuentes próximas a Martínez afirman a The Objective que durante las últimas semanas ha mantenido un contacto permanente con sus hermanos, algunos de los cuales también han estado vinculados empresarialmente a varias de las sociedades administradas por el empresario desde una nave industrial situada en Petrer (Alicante). Precisamente ese entorno familiar habría sido determinante para convencerle de modificar su estrategia y explorar una colaboración con la Fiscalía.

La expectativa de que Martínez pueda aportar información relevante ha incrementado el interés de los investigadores, ya que su declaración podría ayudar a conectar distintas piezas del denominado caso Plus Ultra, una investigación que va más allá del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea hispanovenezolana y que analiza una red de relaciones empresariales y presuntas influencias políticas.

Según las mismas fuentes, desde su arresto el pasado 11 de diciembre el empresario no ha vuelto a mantener contacto con Rodríguez Zapatero. Esa distancia habría ido aumentando con el paso de los meses hasta convertirse en un claro alejamiento, especialmente después del relevo en su defensa jurídica.

En el entorno del expresidente existe preocupación por la posibilidad de que su antiguo colaborador alcance finalmente un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, distintas informaciones apuntan a que Zapatero comenzó a asumir esa posibilidad desde el pasado mes de mayo, cuando tuvo conocimiento del cambio de abogado y de la nueva estrategia procesal de Martínez.