Una de las empresas encargadas de finalizar el tramo Guadalmez-Córdoba renovado por 52,5 millones de euros es la constructora andaluza Azvi, integrada en la UTE que ejecutó las obras junto a Ferrovial, OHL, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania y Contratas y Ventas. Ese mismo tramo, concluido en mayo de 2025, ha sido el escenario del accidente ferroviario de Adamuz, lo que ha situado bajo escrutinio público a las compañías participantes en su rehabilitación.
La intervención sobre esta línea tuvo una larga secuencia administrativa y técnica: la adjudicación inicial para renovar desvíos se aprobó en 2021 por algo más de 21 millones, las obras principales se ejecutaron entre 2022 y 2023 por un importe cercano a los 52,5 millones y, tras su puesta en servicio, Adif documentó al menos ocho incidencias técnicas entre junio y diciembre de 2025. En agosto de ese mismo año, el sindicato SEMAF llegó a remitir una carta alertando sobre el deterioro de las vías, y el 18 de enero de 2026 se produjo finalmente el siniestro que costó la vida a 39 personas. según ha avanzado @InigovanEyck en X.
Más allá del plano técnico, la atención se ha desplazado también hacia el historial reciente de Azvi en el ámbito político y judicial. Durante los años en los que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021), la empresa habría obtenido adjudicaciones por valor aproximado de 165 millones de euros, según investigaciones de la UCO, extremo que forma parte de diligencias en curso.
En ese mismo contexto aparece el nombre de Koldo García, exasesor de Ábalos, que fue contratado por Azvi en 2023 como consultor para Iberoamérica con una retribución mensual de 6.000 euros y una comisión del 0,75% por cada obra lograda. Cabe destacar que la relación contractual se rompió en el momento en el que Koldo empezó a ser investigado por presunta corrupción.
También figura en las pesquisas una transferencia de 18.000 euros realizada el 9 de octubre de 2019 por Manuel Contreras, presidente de Azvi, a Víctor de Aldama —investigado en el denominado «caso Koldo»— a través de la sociedad Pilot Club Natación de Sevilla. Azvi ha negado judicialmente que ese pago tuviera relación con comisiones ilegales.
A este entramado se han sumado recientemente audios difundidos por The Objective en los que Koldo García conversa con su esposa, Patricia Uriz, acerca de facturas emitidas a Azvi sin contrato previo. En una de esas grabaciones, Uriz afirma que se había facturado a la constructora pese a no existir acuerdo formal, y Koldo expresa su preocupación por cómo justificar pagos periódicos de 6.000 euros sin respaldo documental.
En otros mensajes, Koldo alude a Víctor de Aldama y pregunta si había hablado con él sobre esas facturas vinculadas a Azvi, reforzando así la versión que Aldama trasladó al Tribunal Supremo, según la cual la empresa se habría beneficiado de obra pública a cambio de pagos irregulares. Todas estas conversaciones forman parte de material incorporado a procedimientos judiciales en curso y aún no han sido valoradas definitivamente por los tribunales.
Paralelamente, la Guardia Civil ha detectado indicios de posibles manipulaciones en concursos públicos por un volumen superior a 500 millones de euros, en los que figuran como beneficiarias empresas como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción, Servinabar u Obras Públicas y Regadíos. En ese marco más amplio, las menciones a Azvi en los audios de Koldo han añadido un nuevo foco de atención sobre la compañía.
Cabe recordar que Azvi participó también en proyectos internacionales como el Tren Maya en México, surgidos tras visitas oficiales organizadas por Aldama, según declaró este último. Asimismo, en enero de 2023 la Guardia Civil registró la sede de Erikapat Consultoría Internacional, empresa vinculada a la esposa de Koldo, dentro de una investigación por presunto cobro de comisiones ligadas a contratos públicos, inicialmente relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia.
