El barrio madrileño de El Cañaveral, con cerca de 25.000 habitantes y uno de los nuevos desarrollos del este, ha visto cómo una urbanización aparentemente tranquila se convertía en escenario de okupación, trapicheo, prostitución y la instalación del primer núcleo del Tren de Aragua desarticulado en España. Todo se aceleró hace dos semanas, cuando la Policía Nacional irrumpió en un sexto piso donde dos vecinos manejaban un laboratorio de tusi y dirigían la célula de la banda criminal venezolana.

La urbanización, moderna y similar al resto del barrio, arrastra una fama que sus propios residentes califican de maldición. No por superstición, sino por los hechos. En apenas un año, los vecinos pasaron de expulsar a una mafia dedicada a introducir ilegales y okupas camuflados, a descubrir que dos supuestos residentes mantenían un centro de operaciones del grupo criminal más temido de Venezuela.

Varios testimonios describen esa etapa como una convivencia extraña, marcada por «dos o tres pisos» donde la música atronaba de madrugada, el consumo de drogas era constante y la prostitución no ocultaba su presencia. Sólo después de las sonadas detenciones, el ambiente cambió. Las fiestas cesaron y el trasiego de desconocidos bajo los efectos del alcohol o las drogas prácticamente desapareció.

El jefe de servicio de la Comisaría General de Información lo advirtió tras la operación: «En Ecuador y Estados Unidos están consideradas organizaciones terroristas y vigilamos la llegada de nuevos elementos a España». Según explicó, su origen venezolano facilita la infiltración. En paralelo, los continuos golpes del Gobierno del presidente Donald Trump a narcolanchas y redes vinculadas al Tren de Aragua ha empujado a la organización a expandirse más allá del continente americano. España, insistió el mando, «sería la puerta de entrada para un futuro plan de expansión por otros países de Europa».

La elección de El Cañaveral no resulta casual. El barrio, aislado respecto a sus comisarías de referencia —San Blas está a diez kilómetros y la de Vicálvaro a cinco— ofrece una localización discreta y perfecta para grupos que buscan operar con poco control. La banda venezolana ya ha extendido tentáculos por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Madrid encajaba en la hoja de ruta.

La preocupación escaló hasta llegar al pleno de la Junta de Vicálvaro. El portavoz de VOX preguntó si existía información sobre varios pisos ocupados desde el verano de 2024, presuntamente usados para prostitución y tráfico de drogas. El presidente del distrito, el concejal Ángel Ramos (PP), reconoció disponer de datos, aunque no ofreció detalle alguno: la Policía mantenía una investigación en marcha y el silencio formaba parte del protocolo.

Entre los vecinos persiste la duda sobre la relación entre los pisos problemáticos —en su mayoría áticos— y el que funcionaba como base del Tren de Aragua. Una inquilina explica: «Todos eran del mismo país y hablaban en las zonas comunes, pero no sabemos si tenían más relación». Lo que sí confirma el vecindario es el parón absoluto de música y fiestas desde que los agentes efectuaron los arrestos.

Otra residente recuerda un patrón habitual: «Llegaban muchas jóvenes con vestidos muy cortos y hombres iberoamericanos con la mirada perdida«. Su testimonio coincide con el de otros que encontraron bolsitas con restos de polvo rosa en garajes, trasteros, rellanos e incluso en el fondo de la piscina. Un caso inquietante llevó a unos propietarios a abandonar el bloque después de que un veterinario detectara síntomas de envenenamiento en su perro, probablemente por ingerir ese mismo polvo.

El edificio, situado en el número 15 de la avenida de Miguel Delibes, se construyó hace dos años y cuenta con 110 viviendas de alquiler: 900 euros por un dormitorio y 1.100 por dos. Lo que parecía una comunidad nueva y tranquila se transformó en un polvorín a finales del pasado agosto, cuando una mafia aprovechó la ausencia de residentes para entrar en los pisos vacíos y alojar ilegales disfrazados de vecinos. La alarma estalló cuando un residente regresó de vacaciones y encontró una cerradura nueva en su puerta. Esa tentativa de ocupación precipitó protestas que desembocaron en la salida voluntaria de los usurpadores, presentes en hasta doce viviendas.

Tras expulsarlos, los vecinos exigieron medidas urgentes: vigilancia 24 horas, llaves metálicas para el ascensor y cámaras en accesos, garajes y trasteros. La propiedad respondió con un portero en horario limitado: de lunes a viernes en franjas diurnas y los sábados solo por la mañana. Las noches y gran parte del fin de semana siguen sin vigilancia.

Algunos vecinos recuerdan reuniones en el garaje con música a alto volumen en coches y restos de cervezas y bolsitas de tusi en el suelo. Presentaron quejas y, durante un tiempo, cesaron. Ahora esperan que la tregua provocada por las detenciones acabe definitivamente con la cadena de episodios que convirtieron su urbanización en un símbolo involuntario de la inseguridad que avanza en Madrid.