El Tribunal de Cuentas ha detectado un serio deterioro económico en la Casa Árabe, el consorcio público impulsado en 2006 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que volvió a incurrir en pérdidas millonarias coincidiendo con la etapa de Irene Lozano como directora general, según informa El Debate.

Según un informe exhaustivo de 153 páginas, el organismo perdió 1.069.601 euros en 2022 y 961.462 euros en 2023, acumulando más de dos millones de euros en sólo dos ejercicios. El Tribunal advierte de que los ingresos resultan claramente insuficientes para cubrir los costes de funcionamiento, lo que pone en cuestión la viabilidad misma de la entidad si no se corrige su modelo de gestión.

La Casa Árabe ya había registrado pérdidas de forma continuada hasta 2015, logró una cierta estabilización entre 2016 y 2020 y volvió a entrar en una dinámica negativa a partir de 2021, año en el que Irene Lozano asumió la dirección. Lozano, conocida por su estrecha vinculación política con Pedro Sánchez —a quien ayudó en la redacción del libro Manual de Resistencia— ocupó el cargo entre noviembre de 2021 y febrero de 2025, cuando dimitió antes de agotar el mandato de cuatro años.

El informe señala que los presupuestos aprobados por el Consejo Rector incorporan déficits reiterados, cubiertos mediante el uso del remanente de tesorería, una práctica que ha erosionado progresivamente las reservas del consorcio. A junio de 2025, dicho remanente ascendía a 2,39 millones de euros, pero la propia entidad reconoce que, de mantenerse las actuales circunstancias, podría agotarse en apenas dos años, incluso antes si se produjera algún gasto extraordinario en la sede de Madrid.

La Casa Árabe depende en gran medida de transferencias públicas. En 2023, el 73% de sus ingresos procedió de aportaciones de las administraciones consorciadas, una cifra prácticamente estancada desde 2012. El Ministerio de Asuntos Exteriores, directamente o a través de la AECID, aporta más del 80% de esos fondos. Pese a un ligero aumento de ingresos en 2023, el gasto siguió creciendo por encima de los recursos disponibles.

Especialmente llamativo resulta el desequilibrio entre ingresos y gastos ordinarios. En 2023, los gastos de gestión alcanzaron 3,16 millones de euros, un 7,75% más que el año anterior y un 51% por encima de los ingresos ordinarios. Los cursos de lengua árabe, una de las pocas actividades con ingresos propios, apenas generaron 270.000 euros, y parte de esa cantidad tuvo que ser devuelta por anulaciones de matrículas.

El consorcio, integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la AECID, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, cuenta con dos sedes —Madrid y Córdoba— y unos 28 empleados. Su misión oficial es ejercer como instrumento de diplomacia pública con el mundo árabe, pero el Tribunal cuestiona la eficacia real de esta función frente al coste sostenido para el contribuyente.

En materia de control interno, el informe subraya deficiencias relevantes. Aunque la directora general ejercía funciones clave en contratación y gestión de gastos, no consta una delegación expresa por parte del Consejo Rector para varias de esas competencias, lo que agrava las dudas sobre la gobernanza del organismo.

El Tribunal de Cuentas reclama una batería de medidas urgentes, entre ellas reforzar la supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores, corregir las debilidades de control interno y buscar financiación privada y patrocinios en lugar de depender casi en exclusiva de fondos públicos. Sin estos cambios, advierte, la Casa Árabe corre el riesgo de convertirse en una estructura crónicamente deficitaria, sostenida por transferencias públicas y sin un impacto claro que justifique su coste.

El caso vuelve a poner el foco en entidades creadas al calor de la política exterior «blanda» de la era Zapatero, que hoy sobreviven con dificultades financieras y escaso control, mientras acumulan pérdidas que, una vez más, acaban pagando los contribuyentes.