La investigación secreta sobre la presunta financiación ilegal del PSOE ha entrado en una fase decisiva. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado nuevos datos al partido y al Tribunal de Cuentas para analizar el papel de varias fundaciones relacionadas con la formación socialista y comprobar si pudieron utilizarse para canalizar aportaciones económicas (donaciones) de forma opaca.
La investigación se centra en once fundaciones vinculadas al PSOE. De ellas, cinco habrían recibido donaciones o aportaciones del partido. Los investigadores han puesto especialmente el foco en tres entidades que presentarían importantes incumplimientos en materia de transparencia: la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia; la Fundación Carlos Chivite, y la Fundación Ideas para el Progreso, informa este lunes Abc.
Las pesquisas pretenden determinar si algunas de estas organizaciones, pese a figurar como inactivas o tener una actividad limitada, fueron utilizadas para mover fondos o encubrir donaciones. Para ello, el juez habría pedido información financiera y contable que permita comparar las aportaciones declaradas con los movimientos registrados en las cuentas de las fundaciones.
Entre las entidades examinadas figura también la Fundación Pablo Iglesias, que habría recibido importantes cantidades procedentes del PSOE. La documentación de esta organización forma parte del análisis destinado a esclarecer el origen, el destino y la justificación de los fondos transferidos.
Los investigadores estudian además la posible intervención del Banco de España para rastrear operaciones bancarias y reconstruir los movimientos de dinero. El objetivo es determinar si existieron transferencias fraccionadas, aportaciones no declaradas o mecanismos destinados a dificultar la identificación de los donantes y los beneficiarios finales.
La causa incorpora asimismo las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien habría aludido a un supuesto sistema de pitufeo de donaciones. Estas afirmaciones apuntan a la posibilidad de que determinadas cantidades fueran divididas en pagos menores para evitar controles o límites legales. La investigación trata de establecer si esas acusaciones tienen respaldo documental y si guardan relación con personas como Koldo García, José Luis Ábalos o Santos Cerdán.
Las diligencias se enmarcan en una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades relacionadas con adjudicaciones de obra pública, operaciones en el sector de los hidrocarburos y la trama vinculada a Leire Díez. Por el momento, las pesquisas continúan abiertas y no existe una conclusión judicial definitiva sobre la responsabilidad de las personas o entidades mencionadas.
