El PSOE, cada vez más acorralado por las investigaciones judiciales que afectan a sus cuentas y a antiguos responsables del partido, afronta tres frentes que podrían derivar en su imputación como persona jurídica. Según la información publicada por Vozpópuli, las pesquisas abarcan una presunta financiación irregular, los pagos a la denominada trama de las cloacas y el posible empleo de fondos europeos para sufragar actividades de ese entramado. Esa eventual imputación todavía no se ha producido.
Una de esas investigaciones permanece bajo secreto y está en manos de Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Su origen se encuentra en las liquidaciones de gastos abonadas al exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García. La UCO examina los pagos efectuados desde Ferraz a responsables del partido durante siete años de la etapa de Pedro Sánchez.
En ese procedimiento, el empresario Víctor de Aldama ha señalado supuestas vías de financiación vinculadas a aportaciones de constructoras y al negocio petrolero venezolano. También ha entregado en la Audiencia Nacional un sobre que, según su versión, contendría información sobre un reparto de bonos de crudo entre dirigentes de la Internacional Socialista y del PSOE. Sus afirmaciones deberán ser contrastadas en la investigación.
El otro foco se sitúa en el juzgado de Santiago Pedraz, que trata de esclarecer cómo se sufragaron las actividades del entramado relacionado con Santos Cerdán y Leire Díez. A finales de junio, el magistrado abrió una línea de investigación reservada sobre esos desembolsos y autorizó el examen de 80 cuentas bancarias. Las pesquisas buscan determinar si se recurrió a sociedades interpuestas y movimientos entre cuentas para ocultar el destino del dinero.
Entre las declaraciones recabadas figura la de la gerente socialista, Ana María Fuentes, quien atribuyó a Cerdán la orden de contratar a los abogados investigados en este contexto. Los agentes siguen reconstruyendo el recorrido de los fondos para precisar quién autorizó los pagos, qué servicios retribuyeron y qué responsabilidad pudo tener la formación en esas operaciones.
A esta causa se ha añadido la intervención preliminar de la Fiscalía Europea, que ha solicitado información a Pedraz para comprobar si alguno de los pagos examinados afectó a recursos comunitarios y determinar su competencia. Si se confirma ese origen, podría abrirse una investigación formal por presunta malversación de fondos de la UE. Por ahora, esta vía se encuentra en una fase inicial: tanto la procedencia del dinero como su supuesto desvío siguen pendientes de esclarecer.
