El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado este viernes suspender el juicio previsto para el próximo 17 de noviembre por los gastos del 1-O y la acción exterior contra 35 exaltos cargos catalanes, desestimando así la petición que le habían realizado la defensa del prófugo y líder de Junts, Carles Puigdemont, y de los exconsejeros Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Durante el juicio por malversación, que está previsto que dure un solo día, se realizará la práctica de las pruebas de interrogatorio de parte y testificales, entre ellas Puigdemont —no como testigo, sino como parte—.
Fuentes del órgano fiscalizador precisan que, aunque los encausados no tienen obligación de comparecer, dado que les pueden representar sus defensas, el caso de Puigdemont es distinto.
Las mismas fuentes apuntan que se da por hecho que la citación de Puigdemont es presencial porque hasta el momento su abogado no ha comunicado imposibilidad alguna para acudir al TCu ni ha solicitado que comparecer por videoconferencia.
Se espera, además, que ese día se dé por presentada la prueba documental y que las conclusiones sean aportadas luego por las defensas y las acusaciones —en este caso ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana—.
Cabe recordar que en esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama cinco millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
