El Tribunal de Cuentas ha emitido su informe de fiscalización sobre los contratos realizados en 2022 por la Administración General del Estado en los ámbitos de Justicia, Defensa y Política Exterior, en el que señala un cumplimiento parcial de las obligaciones legales relacionadas con la remisión de documentación contractual. Según el organismo, muchas entidades no envían en plazo los extractos de los expedientes ni las relaciones anuales de contratos al propio Tribunal, incumpliendo así la normativa vigente y las instrucciones específicas sobre remisión telemática.

Uno de los principales problemas detectados radica en la fase preparatoria de los contratos, donde se ha observado que los estudios económicos que deberían justificar el coste de las prestaciones contratadas son, en muchos casos, insuficientes o inexistentes. Especialmente preocupante es la falta de justificación adecuada cuando los gastos de personal son un componente fundamental de los contratos.

En el área de Justicia, por ejemplo, en ocho de los dieciocho contratos examinados no se aportaron informes sólidos que acreditasen la insuficiencia de medios propios, o estos se limitaron a afirmaciones genéricas sin análisis técnico ni comparativas que valorasen la opción de ejecutar los servicios con recursos internos frente a su externalización. Esta ausencia de justificación impide acreditar de forma fehaciente la necesidad real de contratar servicios externos.

Además, el organismo ha señalado que las condiciones especiales de ejecución de los contratos deben estar relacionadas directamente con su objeto y no limitarse a repetir obligaciones ya contempladas en la normativa general. En este sentido, se ha recomendado incluir procedimientos específicos y efectivos para verificar su cumplimiento y establecer penalizaciones en caso de incumplimiento.