El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto para paralizar de urgencia las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la conocida como Ley de Nietos. El Alto Tribunal ha abierto una pieza separada de medidas cautelares para analizar la petición antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Según una diligencia de ordenación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concedido un plazo de diez días a la Junta Electoral Central (JEC) para que presente sus alegaciones sobre la solicitud de suspensión cautelar de las nuevas inscripciones en el censo de residentes en el extranjero vinculadas a este procedimiento de nacionalización.
La petición trasladada al Supremo reclama que se suspendan temporalmente las incorporaciones al CERA de quienes hayan adquirido la nacionalidad mediante interpretaciones de la Ley de Memoria Democrática que, a juicio de los recurrentes, no cuentan con cobertura legal suficiente o carecen de una acreditación individualizada de la condición de exiliado exigida por la norma.
Asimismo, el recurso solicita que la Oficina del Censo Electoral identifique y separe de forma específica en sus bases de datos a todos los inscritos que hayan accedido al censo por esta vía. El objetivo sería mantener un registro diferenciado que permitiera revisar posteriormente esos expedientes sin afectar al resto del censo electoral.
Entre las medidas interesadas también figura el requerimiento de un informe detallado con todas las altas registradas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Ese desglose debería recoger la fecha de inscripción de cada nuevo elector, la causa por la que obtuvo la nacionalidad y la documentación aportada para justificar el cumplimiento de los requisitos legales.
Los promotores del recurso sostienen que la incorporación de estos nuevos electores podría producir consecuencias de difícil reparación sobre la composición del censo y, en consecuencia, sobre los futuros procesos electorales. Por ello consideran necesario adoptar medidas cautelares mientras se resuelve definitivamente la controversia.
La denominada Ley de Nietos fue aprobada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática y abrió un nuevo procedimiento para acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de emigrantes. Su aplicación ha generado un intenso debate político y jurídico, especialmente por el aumento del número de potenciales electores inscritos en el CERA y por las discrepancias sobre el alcance de la interpretación realizada para ejecutar la norma.
