El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Óscar Fernández Calle, ha anunciado nuevas medidas para reforzar la seguridad jurídica del sistema de acogida de menores en Extremadura y combatir el fraude en la determinación de edad de los menas.

En este sentido, ha explicado que la Junta ha dado instrucciones para solicitar a la Fiscalía de Menores la realización de pruebas de determinación de edad en todos aquellos casos en los que no exista una acreditación documental fehaciente o haya dudas razonables sobre la veracidad de la edad declarada.

«Queremos saber realmente quién de los menores que están en nuestro sistema de acogida es menor de edad, porque queremos que tengan la cobertura que la ley exige para cada uno de ellos», ha señalado.

Fernández Calle ha insistido en que esta decisión responde al «sentido común» y a la necesidad de combatir las situaciones de fraude, garantizando que los recursos públicos destinados al sistema de protección lleguen a quienes realmente les corresponden, respondiendo así a lo prometido en campaña por la formación de Abascal.

De esta forma, en nombre del Gobierno regional el también consejero, ha anunciado que la Junta recurrirá y agotará todas las vías legales a su alcance frente a las decisiones que impliquen el traslado de menas desde otras partes de España, dando un paso más y llevando estos procedimientos también a la vía judicial. «Defendemos así los intereses de los extremeños también en los tribunales», ha afirmado.

El titular también de Servicios Sociales ha denunciado que el sistema de acogida extremeño se encuentra «absolutamente al límite», con 104 menores tutelados en la actualidad, y ha atribuido esta situación a las políticas de inmigración ilegal “masiva y descontrolada» impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fernández Calle ha insistido en el compromiso del Ejecutivo extremeño de actuar «de manera frontal contra la inmigración ilegal, masiva y descontrolada». «El compromiso de este Gobierno (VOX y PP) es claro: defender los intereses de los extremeños y garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes realmente tienen derecho a ellos», ha concluido.