Un ciudadano marroquí que roció con espray pimienta a dos legionarios españoles en Ceuta ha quedado en libertad tras recibir una condena de apenas 120 euros de multa, 60 por cada militar lesionado. La sentencia, dictada por el Tribunal de Instancia de la ciudad autónoma, considera acreditado que el hombre utilizó el aerosol contra los efectivos del Ejército, pero lo absuelve del delito de atentado contra la autoridad por el que la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.
El caso se remonta a la madrugada del 7 de septiembre, cuando varios legionarios uniformados realizaban labores de vigilancia en las inmediaciones de los asentamientos de inmigrantes del polígono del Tarajal. Según uno de los militares, habían recibido un aviso por un posible robo y se encontraban realizando tareas de vigilancia y disuasión.
Durante la intervención, los efectivos solicitaron la identificación del ciudadano marroquí. El encuentro terminó en un forcejeo en el que, según los hechos declarados probados, el acusado accionó un espray pimienta que provocó lesiones a ambos legionarios. Los militares sufrieron reacciones alérgicas en los antebrazos derechos y tos irritativa. Las lesiones necesitaron un día para su curación.
De cuatro años de prisión a una multa de apenas 120 euros
La Fiscalía había solicitado una condena de cuatro años de cárcel por un presunto delito de atentado contra la autoridad agravado por el empleo de un instrumento peligroso. También reclamaba las sanciones correspondientes a las lesiones leves y proponía sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión del acusado a Marruecos y la prohibición de regresar a España durante diez años. Sin embargo, la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha rechazado la acusación por atentado contra la autoridad.
La jueza considera que los testimonios de los dos legionarios resultaron «confusos» respecto a las circunstancias de la intervención y las funciones que desempeñaban en ese momento. Las contradicciones apreciadas impidieron dar por acreditados los elementos necesarios para una condena por ese delito. El resultado es una sanción de un mes de multa por cada delito leve de lesiones, a razón de dos euros diarios. En total, el acusado deberá abonar 120 euros, además de los costos procesales.
La diferencia entre los cuatro años de prisión solicitados por el Ministerio Público y la multa finalmente impuesta sitúa el caso en el centro del debate sobre la protección jurídica de los militares que participan en labores de vigilancia y seguridad.
Llegó durante la invasión de inmigrantes y tiene una solicitud de asilo
Otro de los elementos relevantes del caso es la situación del condenado. Según explicó su defensa durante el juicio, llegó a Ceuta durante la invasión de finales de julio y tiene acreditada una solicitud de protección internacional.
El hombre permanecía en prisión provisional desde septiembre, a la espera de juicio. Tras conocerse la sentencia absolutoria por el delito más grave, ha quedado en libertad.
Durante la vista, el acusado negó haber agredido a los legionarios y sostuvo que fueron los militares quienes lo golpearon y utilizaron el gas pimienta contra él. Su abogado aportó un informe médico que recogía heridas en la cabeza, lesiones oculares, moratones y la pérdida de un diente, aunque esta documentación fue desestimada durante las cuestiones previas.
La defensa también cuestionó la procedencia del aerosol y la falta de una cadena de custodia que acreditara su origen, así como las circunstancias de la intervención militar. El letrado Yoel Rio estudia recurrir la resolución y denunciar a los dos legionarios.
Una sentencia que reabre el debate sobre la protección de los militares en Ceuta
La resolución llega en un contexto de creciente tensión en la ciudad autónoma, donde el Ejército ha reforzado su presencia después de la entrada masiva de inmigrantes y de distintos incidentes contra las patrullas desplegadas. El Ministerio de Defensa llegó a dotar a los militares de espráis de gas pimienta para su legítima defensa y la protección de los ciudadanos, tras registrarse agresiones contra efectivos de las Fuerzas Armadas.
La principal controversia de este caso reside en que dos militares resultaron lesionados por un aerosol, según los hechos probados, pero el acusado únicamente ha recibido una sanción económica de 120 euros. La magistrada no ha considerado acreditado el delito de atentado contra la autoridad, debido a las contradicciones detectadas en los testimonios y a las dudas sobre el contexto de la intervención.
