La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, anunció este martes durante su interpelación al ministro Félix Bolaños que la Cámara Alta planteará un «conflicto de atribuciones» contra la Cámara Baja para que retire la proposición de ley de amnistía, al considerarla una «reforma encubierta de la Constitución».
Los populares se apoyan en el informe que los letrados del Senado emitieron este lunes, en el que consideran que la norma es inconstitucional, y defienden que la tramitación de la ley de amnistía como proposición de ley, sin que medie una reforma de la Carta Magna, vulnera las atribuciones del Congreso.
El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, se ampara en el artículo 188 del Reglamento de esta Cámara, que establece que el requerimiento puede ser solicitado por un grupo parlamentario o 25 senadores «a través de un texto debidamente motivado».
Los populares impulsarán así después de Semana Santa un choque institucional que no tiene precedentes. La figura de este conflicto está contemplada y explicada por el propio Constitucional: «Cuando un órgano constitucional considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor (…) y le solicitará que la revoque. Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas».
¿Por qué se ha admitido a trámite en el Senado?
El PP va a plantear finalmente un conflicto institucional que desde VOX llevan pidiendo meses. La diferencia es que el partido de Santiago Abascal solicitaba la no admisión a trámite de la ley en el Senado.
Los populares han decidido admitirla basándose en otro informe de los letrados sobre las consecuencias que podría tener no admitirla y que habían solicitado desde la formación de Alberto Núñez Feijoo. «Se puede decir que la admisión a trámite de los proyectos y proposiciones de ley que sean remitidos por el Congreso constituye un caso excepcional de admisión obligada por parte de la Mesa, incluso en los casos de iniciativas cuya inconstitucionalidad sea ‘evidente y palmaria‘», asegura ese documento.
Una vez recibido este informe, en el PP consideran que si no hubiesen admitido la ley a trámite, hubiesen incumplido la Ley Procedimental del Senado e incurrido en prevaricación.
Los de Alberto Núñez Feijoo seguirán así la guía que marcaron este lunes los letrados del Senado, que plantearon en su informe la posibilidad de abrir un «conflicto entre órganos constitucionales en sus dos fases», empezando por el requerimiento formal al Congreso para que suspenda la ley de amnistía y la apertura de un conflicto que deberá resolver el Tribunal Constitucional si la Cámara presidida por Francina Armengol desecha el trámite.
