ERC y Junts exigen que el Gobierno de Pedro Sánchez ceda a la Generalidad de Cataluña las competencias para designar a los interventores, los secretarios y los tesoreros de los ayuntamientos.
La legislación española reserva a estos cargos la función de hacer cumplir el ordenamiento jurídico en las corporaciones locales de todo el territorio nacional. Es decir, les corresponden tareas como la constatación de la legalidad y validez de los actos administrativos, el asesoramiento legal preceptivo, el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria de los ayuntamientos, su contabilidad, su tesorería y su recaudación.
Desde hace un siglo su designación corresponde al Estado. Sin embargo, entre 2007 y 2013 la competencia se cedió a las comunidades autónomas. Esta decisión resultó en un desastre por la incertidumbre que se generó, los paréntesis en las convocatorias de plaza y el impacto que tuvo sobre las bolsas de opositores, según detalla este martes Alberto Bravo Queipo de Llano, portavoz de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital), al diario Abc.
Los separatistas han planteado sendas enmiendas para impulsar una modificación de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local que les atribuya esas competencias.
Desde Apsital, la asociación profesional que representa a un colectivo de funcionarios habilitados formado por más de 6.000 profesionales, ven el sistema que subyace tras las enmiendas de ERC y Junts como un intento de colonizar la administración local catalana y advierten de sus riesgos.
