VOX ha decidido llevar al próximo Pleno del Congreso su proposición de ley para ilegalizar a partidos independentistas como ERC, Junts y Bildu, castigar el uso de símbolos separatistas, prohibir los referendos con fines contrarios a la unidad del país, recuperar el delito de sedición y aumentar el castigo por contactos con potencias extranjeras para dañar a España.
La propuesta, que fue registrada el pasado mes de noviembre en la Cámara Baja y que se debatirá y votará este martes, tiene como finalidad «garantizar y proteger» la soberanía y la integridad de España ante los «ataques» del Gobierno y los partidos separatistas. «Constituyen una amenaza de primera magnitud», aseguran los de Abascal.
Según explican, partidos como ERC, Junts o Bildu representan un problema «especialmente grave», al ser minorías parlamentarias capaces de «condicionar» políticas de Estado, las leyes presupuestarias y la misma formación de gobiernos. Una influencia, en palabras de los diputados de VOX, «absolutamente desproporcionada» en la política española.
Además, se incluye una cláusula de garantía para que las marcas sucesoras de estos partidos no puedan presentar candidaturas ni continuar la actividad de los ilegalizados. Igualmente, modifica el Código Penal para castigar las ofensas o ultrajes a los símbolos de España y también la exhibición pública de emblemas que atenten contra la integridad del territorio nacional.
Pero la propuesta de VOX abarca más allá de las formaciones políticas. Así, reclaman la ilegalización de todo aquel referéndum o consulta cuyo fin sea legitimar la destrucción de España y advierten que toda aquella autoridad o funcionario, que careciendo de competencias, convoque o autorice la convocatoria de este tipo será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo de entre tres y ocho años.
En otro punto se recupera el delito de sedición que se aplicó a los líderes del procés y que fue suprimido por el PSOE tras un pacto con ERC la pasada legislatura, con penas de prisión de doce a quince años para aquellas personas constituidas en autoridad. Y también pretende castigar cualquier relación con gobiernos extranjeros que perjudique a los intereses o a la dignidad de España, lo que podría ser aplicable a la trama rusa del procés que investiga un juez de Barcelona.
