El Principado de Asturias ha paralizado la instalación de un centro para menas en un piso del paseo de La Florida, en Oviedo, después de la fuerte oposición surgida entre los vecinos y en medio de las dudas sobre la situación jurídica del inmueble. La vivienda que el Ejecutivo autonómico estudiaba utilizar para alojar a ocho menores acumula seis anotaciones de embargo por más de 186.000 euros y se encuentra además afectada por un procedimiento de ejecución hipotecaria.
La polémica ha aumentado después de que vecinos de La Florida hayan señalado que el propietario del inmueble tendría una relación profesional con la Administración autonómica.
El inmueble pertenece desde 2004 a García Villamil SL y cuenta con aproximadamente 287 metros cuadrados útiles. Aunque registralmente figura destinado a vivienda, hasta hace unos meses sus instalaciones habían acogido una residencia de ancianos. El Gobierno asturiano lo había incluido entre las alternativas estudiadas para proporcionar alojamiento a ocho menas.
La documentación registral revela, sin embargo, una larga sucesión de cargas. La primera se remonta a enero de 2019, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social anotó un embargo por una deuda de 9.678 euros. En 2022 se añadieron otros tres: uno de los Servicios Tributarios del Principado por 9.282 euros, otro de la Seguridad Social por 30.437 y un tercero del Ayuntamiento de Oviedo por 7.229 euros.
Los problemas económicos continuaron posteriormente. En enero de 2023 se incorporó una nueva anotación de la Seguridad Social por 11.633 euros, mientras que la mayor carga llegó en junio de 2025, nuevamente a instancia de la Tesorería General de la Seguridad Social, por una deuda de 117.805 euros. En conjunto, las seis anotaciones registrales superan los 186.000 euros.
La situación del piso es todavía más compleja por las hipotecas que pesan sobre la finca. Caja Rural de Asturias figura como acreedora en dos de ellas y una, correspondiente a un préstamo cuyo principal ascendía a 390.000 euros, ha terminado desembocando en un procedimiento de ejecución hipotecaria. La entidad inició actuaciones contra García Villamil SL y en septiembre de 2025 se expidió la certificación de cargas correspondiente dentro del procedimiento tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo.
Fuentes jurídicas citadas por La Nueva España consideran que la situación registral del inmueble dificultaría que pudiera utilizarse como recurso para menores vulnerables. El Gobierno regional había reconocido previamente que el piso de La Florida era solamente una de las diferentes alternativas que estaban siendo estudiadas para responder a las necesidades de acogida.
La posibilidad había provocado ya un fuerte rechazo dentro del propio edificio. La comunidad de propietarios sostuvo que los estatutos no permitían desarrollar allí una actividad de estas características, pese a que anteriormente había funcionado una residencia para personas mayores. La entonces responsable temporal de Derechos Sociales, Concepción Saavedra, había comunicado personalmente a los vecinos que el Principado estaba valorando la vivienda, sin presentarla todavía como una decisión definitiva.
La combinación del rechazo vecinal, las numerosas cargas económicas y el procedimiento hipotecario ha terminado dejando fuera, por el momento, el controvertido piso de La Florida como posible alojamiento para los ocho menores. El episodio abre ahora nuevos interrogantes sobre cómo fue seleccionado el inmueble, qué comprobaciones realizó previamente el Principado y cuál es la relación existente entre su propietario y la Administración autonómica.
