
España atraviesa un profundo cambio demográfico que está alterando de forma acelerada su realidad económica y social. Mientras determinados indicadores macroeconómicos reflejan un supuesto crecimiento, cada vez más españoles encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda, conseguir un empleo estable, formar una familia o mantener su nivel de vida. Una percepción cada vez más extendida es que el crecimiento económico agregado no se traduce en una mejora tangible de las condiciones de vida de la población.
Según el nuevo Informe del Instituto de Estudios Económicos, El aumento demográfico de España como factor explicativo del actual ciclo económico, entre 2018 y 2025 España ganó aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Este crecimiento de la población también ha incrementado la presión sobre recursos y servicios esenciales, especialmente en ámbitos como la vivienda, el mercado laboral y las infraestructuras públicas, lo que ha intensificado problemas ya existentes.
Sin embargo, el crecimiento registrado durante este período presenta una característica especialmente significativa: mientras la población nacida en España se redujo en cerca de 700.000 personas, la nacida en el extranjero aumentó en más de 3,2 millones.
El informe señala que aproximadamente el 43% del crecimiento económico acumulado entre 2018 y 2025 se explica por el aumento de la población. Además, el informe concluye que el 73,9% del crecimiento total del PIB registrado durante este período está vinculado a la aportación económica de la población extranjera, mientras que únicamente el 26,1% corresponde al incremento de la producción asociado a las personas con nacionalidad española.
Estas cifras contienen otra lectura: España crece porque cada día que pasa aumenta su población, el número de trabajadores y la gente que consume, no porque haya experimentado una revolución de productividad, innovación o inversión; es decir, el crecimiento económico depende más de la inmigración que de la productividad. El riesgo es más que evidente: una economía puede aumentar de tamaño sin que aumente la prosperidad de quienes viven en ella… pues el PIB agregado crece, pero las tensiones también.
El 86% del crecimiento del consumo de los hogares entre 2018 y 2025 corresponde a hogares nacidos en el extranjero. El consumo de estos hogares aumentó un 66%, frente al 1% de los hogares nacidos en España.
Más consumidores significa más actividad económica, sí; pero también mucha más presión sobre infraestructuras, transporte, educación, sanidad, etc. Sólo hace falta echarle un vistazo al colapso que padecen los centros de salud, el transporte público o los servicios sociales. Cada nuevo residente consume bienes, utiliza carreteras, acude a centros sanitarios, demanda planes escolares y necesita servicios públicos. Cuando la población crece a una velocidad superior a la capacidad de adaptación del Estado, las tensiones aparecen inevitablemente.
Mientras la población nacida en el extranjero aumentó un 60,8% desde 2015, la construcción de vivienda nueva permaneció estancada. En los últimos años se han creado más de 200.000 hogares anuales, pero apenas se terminan unas 80.000 viviendas cada año. El déficit es enorme.
La consecuencia es que el precio medio de la vivienda se encuentra ya más de un 20% por encima de los máximos registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. Comprar una vivienda exige cada vez más esfuerzo y alquilar se ha convertido en una carrera de obstáculos para millones de jóvenes. No se trata de una percepción. Son las matemáticas de una demanda que crece mucho más rápido que la oferta.