España atraviesa una crisis estructural del modelo familiar que amenaza con convertirse en un problema de Estado. Así lo advierten el Instituto de Política Familiar (IPF) y el Instituto de Política Social (IPSE), que alertan de un desplome sostenido de los matrimonios, un aumento masivo de las rupturas y un contexto social que desincentiva la maternidad, con consecuencias directas sobre la natalidad, la cohesión social y la viabilidad económica del país.
Los datos son contundentes. Según el último informe del IPF, España ha perdido un 35,4% de sus matrimonios desde 1975, lo que equivale a 95.983 enlaces menos cada año. La tasa de nupcialidad ha caído desde 7,18 en 1976 hasta 3,57 en 2024, situándose en mínimos históricos.
El deterioro no es homogéneo, pero sí generalizado. Comunidades como Castilla y León (2,86), Extremadura (3,02) o País Vasco (3,24) registran algunas de las cifras más bajas, mientras que regiones como Baleares (4,97) o Madrid (4,16), pese a estar por encima, también se encuentran en niveles históricamente reducidos.
Más solteros y más rupturas
El cambio no es sólo cuantitativo, sino estructural. El matrimonio ha dejado de ser el eje central de la formación familiar. Desde 2002, el número de solteros ha aumentado un 37,7% hasta alcanzar los 15,7 millones, mientras que los separados y divorciados se han disparado un 175,8%, acercándose ya a los 2,9 millones.
El IPSE sostiene que esta evolución ha consolidado la ruptura familiar como uno de los principales problemas sociales de España, con impacto directo en la estabilidad emocional de las nuevas generaciones y en la sostenibilidad del sistema económico.
Desde la entidad advierten de un escenario definido por hogares cada vez más frágiles, menor natalidad y una sociedad progresivamente envejecida. En ese contexto, vinculan el fenómeno a la falta de políticas eficaces de conciliación, a la inseguridad económica y al marco legislativo actual.
El presidente del Instituto de Política Social, Pablo Hertfelder García-Conde, resume la situación con una advertencia directa: «España está perdiendo su estructura social básica. Sin matrimonios sólidos, sin familias estables y sin hijos, no hay futuro posible. La ruptura familiar no es un problema privado, es un problema de Estado».
Hertfelder añade: «Una sociedad sin hijos es una sociedad condenada a desaparecer. Hoy España camina peligrosamente en esa dirección y, si no se actúa ya, las consecuencias serán irreversibles».
Un choque político de fondo
El informe sitúa el debate en el terreno político. El IPSE denuncia que el actual modelo social y legislativo no sólo no favorece la formación de familias, sino que introduce obstáculos estructurales que dificultan la maternidad y la estabilidad familiar.
Entre los factores señalados figuran la precariedad laboral, la falta de apoyo económico a las familias y la ausencia de políticas públicas centradas en la natalidad. El Instituto añade además el impacto del aborto dentro de este contexto de descenso demográfico.
Ante este escenario, el IPSE reclama un cambio de rumbo inmediato que abarque desde reformas legales hasta incentivos económicos y políticas de conciliación. Entre sus propuestas figuran ayudas directas a la maternidad, beneficios fiscales por hijo, ampliación de permisos familiares y medidas de protección laboral para mujeres embarazadas.
El paquete de medidas incluye también una revisión del marco legal del aborto, el refuerzo de la protección del menor desde la gestación, una reorientación del sistema sanitario hacia la maternidad y el impulso de campañas institucionales que promuevan la natalidad y la familia.
Un país en invierno demográfico
España se sitúa ya entre los países con menor tasa de natalidad de Europa, en un contexto que el IPSE define como «invierno demográfico». La combinación de menos nacimientos, más rupturas y envejecimiento acelerado dibuja un escenario de presión creciente sobre el sistema de pensiones, el mercado laboral y el equilibrio territorial.
El informe concluye que la crisis familiar ha dejado de ser una cuestión privada para convertirse en uno de los principales desafíos políticos de las próximas décadas, con implicaciones directas sobre el futuro económico y social del país.