Los precios de la vivienda en España han alcanzado niveles alarmantes, comparables a los del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. Según los últimos datos publicados por Eurostat, el precio de la vivienda subió un 12,3 % en el primer trimestre de 2025, la segunda cifra más alta de la serie histórica, sólo superada por la registrada en el auge previo al colapso financiero de hace casi dos décadas.
Este crecimiento se produce a pesar de los múltiples anuncios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que desde 2018 ha prometido reiteradamente frenar el encarecimiento del acceso a la vivienda. Los resultados, sin embargo, evidencian todo lo contrario: desde que el socialista llegó a La Moncloa, el precio de la vivienda ha aumentado un 42%. Es un dato muy por encima del promedio de los países de la UE (36%) y de la eurozona (31%). España lidera ahora el encarecimiento residencial en Europa occidental.
El Ejecutivo ha recurrido a un sinfín de titulares: desde prometer 184.000 viviendas públicas hasta lanzar una línea de avales del ICO para jóvenes menores de 35 años. Sin embargo, a día de hoy, apenas 43.000 viviendas de esa promesa han llegado al mercado.
España presenta uno de los mayores incrementos interanuales de la vivienda entre los países grandes de la UE. Alemania subió apenas un 3,8 %, Francia un 0,6 %, Italia un 4,4 % y Austria un 3,2 %. En cambio, nuestro país se acerca más al comportamiento de mercados desregulados como el portugués (+71 % desde 2018), el húngaro (+96 %) o el lituano (+77 %).
Estas cifras son particularmente preocupantes si se tiene en cuenta que España arrastra una de las tasas de paro juvenil más altas del continente, así como salarios estancados y un mercado laboral dominado por la temporalidad. Comprar una vivienda es, para amplios sectores sociales, una utopía.
Desde el estallido de la pandemia, el mercado inmobiliario ha vivido una reactivación continua. En 2021, el crecimiento fue del 0,9 %; en 2022, del 8,5%; en 2023, del 3,5%; y en 2024, del 6,4%. Ahora, con el 12,3% de incremento registrado en 2025, la tendencia se vuelve crítica. Las políticas del Gobierno no solo han sido ineficaces, sino que en muchos casos han agravado el problema al introducir inseguridad jurídica para pequeños propietarios, fomentar la ocupación ilegal y aumentar la presión fiscal sobre el sector.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha prometido que 13.000 viviendas públicas estarán disponibles «en los próximos meses», pero ni su cartera ni el Gobierno han explicado cómo se ejecutarán ni en qué comunidades autónomas se aplicarán.
