España vuelve a registrar un retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, situándose en el puesto 49 entre 182 países con 55 puntos sobre 100, dos datos que reflejan un empeoramiento continuado en la percepción de la integridad del sector público. Esta caída —un punto menos que en el informe anterior— sitúa a España por detrás de países tan dispares como Ruanda, Arabia Saudí o Botsuana, y evidencia la persistente debilidad de las instituciones frente a prácticas percibidas como corruptas.

Aunque Transparencia Internacional contextualiza este descenso en una tendencia global de deterioro de la lucha contra la corrupción, los datos son especialmente significativos en el contexto político español, donde las políticas y decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez están bajo escrutinio tanto interno como externo.

La caída en el IPC se produce en un momento en que Bruselas ha reprochado al Ejecutivo español la falta de avances claros en transparencia y lucha contra la corrupción, recordando que España debe mejorar en aspectos clave como la regulación del lobby, la transparencia de la publicidad institucional y los controles en contratación pública. La Comisión Europea también ha señalado la tardanza en desarrollar una estrategia nacional anticorrupción estructurada y criticó la percepción de opacidad en la gestión pública española, responsabilizando en parte al propio Gobierno por no aplicar reformas con la suficiente rapidez ni ambición.

En medio de este clima, el IPC 2025 refleja un estancamiento en la percepción ciudadana de la integridad pública a pesar de iniciativas como el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de 2025, que Transparencia Internacional considera insuficiente si no se apoya en medidas y recursos más sólidos y consensuados.

El retroceso también coincide con una serie de escándalos e investigaciones de alto perfil vinculados a figuras políticas cercanas al Gobierno durante los últimos años, que han alimentado la percepción de falta de ejemplaridad en la gestión pública y la sensación de impunidad. Estos factores, combinados con la ausencia de reformas estructurales profundas y la falta de claridad en los mecanismos de control del gasto público, contribuyen a una visión más crítica de la gobernanza española.

El informe subraya que, en un contexto donde la lucha contra la corrupción se debilita incluso en democracias consolidadas, el deterioro español no es sólo simbólico: afecta la confianza en las instituciones, erosiona la credibilidad de la administración pública y complica la atracción de inversiones y la eficiencia del gasto. La caída en el IPC 2025 refuerza, además, las críticas que desde diferentes ámbitos políticos y sociales se dirigen al Gobierno de Sánchez por no haber implementado —o por haberlo hecho con insuficiente ambición— las reformas necesarias para blindar los procedimientos anticorrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia.