El Gobierno de Pedro Sánchez volverá a desmarcarse este jueves de sus socios europeos en materia migratoria. España tiene previsto ser el único país de la Unión Europea que vote en contra del nuevo Reglamento de Retornos, destinado a acelerar las expulsiones de extranjeros que no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defenderá la posición española durante la reunión de ministros de Interior de los Veintisiete que se celebra en Luxemburgo.

Según los documentos preparatorios de la reunión consultados por El Español, 25 Estados miembros tienen previsto respaldar el reglamento, España votará en contra y Bélgica se abstendrá. La oposición española no impedirá, por tanto, la aprobación definitiva de la norma.

La votación supone el último trámite en el Consejo después de que el Parlamento Europeo aprobara el texto el pasado 17 de junio por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones.

Centros de retorno fuera de la Unión Europea

El nuevo Reglamento de Retornos pretende sustituir el actual sistema fragmentado por unas reglas comunes para los Veintisiete. Una de sus principales novedades es la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países. Allí podrían ser enviados extranjeros sin derecho legal a permanecer en la UE y sobre los que exista una decisión de expulsión.

La Comisión Europea señala que estos acuerdos sólo podrán establecerse con países que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. La normativa establece además reglas más estrictas para quienes incumplan las órdenes de salida, se oculten de las autoridades o se trasladen a otro Estado miembro para evitar la devolución.

Entre las medidas previstas figuran la posibilidad de imponer obligaciones de comparecencia, garantías económicas o residencia en lugares determinados, además de reforzar las expulsiones forzosas cuando el afectado no coopere.

También amplía de 18 a 24 meses el periodo máximo ordinario de internamiento en determinadas circunstancias. Para personas consideradas una amenaza para la seguridad, la privación de libertad podrá incluso prolongarse más tiempo bajo autorización judicial.

Marlaska rechaza los centros en terceros países

El Gobierno español mantiene varias objeciones al reglamento. Interior sostiene que el sistema acordado no establece un reconocimiento mutuo automático de las decisiones de expulsión dictadas por los diferentes Estados miembros, algo que considera insuficiente para construir una verdadera política común de retornos.

Pero uno de los principales puntos de discrepancia son precisamente los centros de retorno situados fuera de la Unión Europea. El departamento de Marlaska considera que este mecanismo puede generar «inseguridad jurídica» y garantías insuficientes para las personas afectadas, según la posición española recogida por El Español.

España también cuestiona la posibilidad de prolongar el internamiento hasta 24 meses y considera que el reglamento no ofrece mecanismos específicos suficientes para responder a situaciones de entradas masivas en las fronteras exteriores.

España devuelve menos que la media de la UE

La posición del Ejecutivo llega cuando las últimas estadísticas de Eurostat muestran importantes dificultades para ejecutar las órdenes de salida. Durante el segundo trimestre de 2026, los países de la Unión Europea dictaron 110.335 órdenes de salida y efectuaron 36.825 retornos a terceros países. Esto equivale aproximadamente al 33,4% de las órdenes emitidas durante ese periodo.

En España se ejecutaron 1.805 retornos frente a 7.825 órdenes de salida, alrededor del 23%, más de diez puntos por debajo del promedio comunitario, según los datos recogidos por El Español a partir de las estadísticas europeas.

La Comisión lleva tiempo alertando de que el sistema europeo de devoluciones presenta una eficacia reducida. En 2025, sólo alrededor del 28% de las personas con obligación de abandonar la Unión acabaron siendo efectivamente retornadas, pese a la mejora registrada respecto a años anteriores.