España acumula 2,9 millones de abortos desde la despenalización en 1986 y ha vuelto a marcar máximos en los últimos años, con 106.172 en 2024, un 3% más que el año anterior y la cifra más alta de la última década. El dato sitúa al país entre los primeros de Europa, sólo por detrás de Francia y Alemania, pese a contar con una población muy inferior a la alemana.
El volumen anual, por encima de los 100.000 casos, refleja una tendencia sostenida al alza que contrasta con la evolución descendente en otros países europeos. España presenta además uno de los mayores índices de embarazos que terminan en aborto, con un 21%, es decir, uno de cada cinco, sólo por detrás de Francia (23%), Suecia (24%) y Bulgaria (25%).
Este indicador crece en España mientras en otras regiones, especialmente en antiguos países del bloque comunista, se ha reducido de forma significativa. En décadas anteriores, territorios de la antigua URSS o Bulgaria llegaron a registrar más abortos que nacimientos, una situación que en la actualidad sólo se mantiene en Groenlandia dentro del ámbito europeo, detalla The Objective.
El fenómeno presenta también fuertes diferencias territoriales. Asturias y Canarias encabezan la tasa de abortos y coinciden con las regiones con menor número de hijos por mujer. Por grupos de edad, la mayoría de abortos se concentra en mujeres mayores de 25 años, aunque la proporción de embarazos que terminan en aborto es especialmente elevada entre adolescentes: supera el 50% y alcanza el 80% en menores de 15 años. Aun así, el número total de embarazos en menores de 20 años ha caído de forma notable en las últimas décadas.
Los datos proceden del informe El aborto, un drama que aumenta en España desde su despenalización en los 80, elaborado por los demógrafos Joaquín Leguina y Alejandro Macarrón. El estudio subraya además un patrón recurrente: entre el 33% y el 38% de los abortos en la última década corresponde a mujeres que ya habían abortado anteriormente. Entre ellas, entre el 22% y el 25% afrontaba un segundo aborto, entre el 7% y el 8% un tercero y hasta un 2,8% un cuarto. Cada año se registran incluso entre 700 y 800 casos en mujeres con seis o más abortos previos.
En paralelo a este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto el debate político al anunciar su intención de blindar el aborto en la Constitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió tras el Consejo de Ministros que se trata de un «derecho en riesgo» y aseguró que el objetivo es garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio.
El plan del Ejecutivo ha generado además críticas en el ámbito jurídico. Varios expertos advierten de que la reforma podría tener el efecto contrario al buscado. El catedrático Rafael Navarro Valls sostiene que incluir el aborto en el artículo 43 de la Constitución —en lugar de vincularlo al artículo 15— lo rebajaría a la categoría de principio rector, sin la protección reforzada de los derechos fundamentales.
En la misma línea, el catedrático Manuel Presno ha señalado que ese cambio supondría pasar de un derecho interpretado como fundamental a un principio dependiente del desarrollo legislativo, sin garantía de contenido esencial. El juez Miguel Guerrero Cobo ha calificado la propuesta directamente como una «chapuza legislativa».
El debate, por tanto, se desplaza del terreno sanitario al institucional, con un doble eje: el aumento sostenido del número de abortos en España y el intento del Gobierno de redefinir su encaje constitucional en un contexto de bloqueo parlamentario y división jurídica.