El Gobierno español adjudicó a Huawei el contrato para el almacenamiento de escuchas judiciales, a pesar de que tenía conocimiento previo de las advertencias de Estados Unidos sobre los riesgos que implicaría compartir información sensible con países que utilicen tecnología de origen chino. Según ha desvelado el diario ABC, Washington ha insistido reiteradamente en la necesidad de mantener un «camino limpio» para la transmisión de información clasificada. Esta exigencia implica evitar cualquier infraestructura o equipamiento tecnológico de empresas chinas, como Huawei o ZTE, en las redes a través de las cuales se comparte inteligencia con países aliados.

La preocupación por la adjudicación a Huawei ha sido compartida públicamente por dos figuras clave del Congreso estadounidense: el senador Tom Cotton y el congresista Rick Crawford. Ambos solicitaron recientemente a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, que limite la información compartida con España si se teme que pueda acabar en manos del Partido Comunista Chino.

Distintas fuentes han comprensible la alarma tanto en Washington como en Bruselas: «Es lógico que un contrato como este genere inquietud entre nuestros socios», apuntan, sin confirmar si se trató de un error de cálculo por parte del Ministerio del Interior o de una decisión deliberada. Además de los motivos de seguridad, las fuentes también han subrayado un componente económico en la postura estadounidense. «Estados Unidos no solo protege su información, también busca que sus aliados adquieran tecnología propia», indican.

El contrato con Huawei puede interpretarse como un desencadenante de una acción de influencia en la que Washington aprovecha la polémica para desacreditar a empresas chinas y consolidar su dominio en el mercado tecnológico occidental. «Lo cierto es que este asunto ha escalado demasiado. La polémica ha ido más allá de lo esperado», concluyen.