En contraste con la reciente controversia generada por la compra de munición del Ministerio del Interior a una empresa israelí, Presidencia del Gobierno ha salido a defender con firmeza el contrato adjudicado por el Departamento de Fernando Grande-Marlaska a la multinacional china Huawei para el almacenamiento de las escuchas telefónicas en procesos judiciales.
Desde Moncloa, han señalado que este tipo de acuerdos con Huawei son comunes en varios países europeos, resaltando que Francia, Alemania, Bélgica, Grecia, Suiza, Serbia y Turquía también emplean sistemas de almacenamiento de datos del gigante chino para diversos servicios públicos. Sin embargo, han precisado que en ninguno de esos países de la Unión Europea se gestiona información tan sensible como las escuchas judiciales, lo que ha generado inquietudes sobre la seguridad.
Un detalle relevante es que tres de los países mencionados no forman parte de la UE. Además, en los países comunitarios señalados, el uso de Huawei se limita a sectores como ferrocarriles, hospitales y energía, pero no a la vigilancia judicial. Por ejemplo, en Francia y Bélgica se utiliza en las compañías nacionales de ferrocarriles, mientras que en Alemania está en hospitales y en Grecia en la corporación pública de energía.
En cuanto a la seguridad, Presidencia ha insistido en que este contrato no representa una novedad ni un riesgo añadido, ya que las fuerzas policiales españolas utilizan desde hace más de una década el sistema SITEL de Huawei para la Interceptación Legal de Telecomunicaciones sin haberse detectado brechas de seguridad. Además, han subrayado que la ciberseguridad está garantizada, y que los sistemas de protección y acceso cuentan con tecnología estadounidense de proveedores como Fortinet, Palo Alto y Cisco, con múltiples capas de defensa y una supervisión continua 24/7 gestionada por Telefónica.
