Apagar una hectárea en llamas cuesta 30.000 euros, pero evitar que se prenda fuego sólo cuesta 3.000 euros. Con esta comparación, el investigador del CSIC Fernando Valladares ha defendido la necesidad de replantear la política de prevención de incendios forestales durante una entrevista concedida al programa La Tarde de COPE.

El científico advirtió además de que el riesgo podría agravarse en los próximos años. A su juicio, 2027 tiene muchas posibilidades de convertirse en una de las campañas más devastadoras por los incendios forestales debido a los efectos derivados del actual episodio de El Niño, cuyas consecuencias, explicó, se dejarán sentir con mayor intensidad el próximo verano.

En su análisis, Valladares sostiene que el cambio climático constituye el principal elemento que explica el aumento de la virulencia de los grandes incendios. Aunque reconoce que existen otras causas, como la mala gestión forestal, las negligencias o los accidentes, considera que el calentamiento global es el factor que está detrás del incremento en la intensidad, extensión y frecuencia de los fuegos que afectan tanto a España como a otras regiones mediterráneas.

El investigador recordó que, en lo que va de año, los incendios ya han arrasado 172.500 hectáreas en territorio español, una superficie que multiplica por seis la registrada durante el mismo periodo del año anterior. A su juicio, esta evolución obliga a abrir un debate sobre la forma en que se destinan los recursos públicos para combatir este fenómeno.

Según explicó, la mayor parte de la inversión continúa orientándose a las labores de extinción, mientras que la prevención recibe muchos menos recursos. Valladares comparó esta situación con el ámbito sanitario, donde, en su opinión, se dedica mucho más dinero a tratar enfermedades que a impedir que aparezcan, un modelo que considera también trasladable a la lucha contra los incendios.

El experto defendió que esta realidad responde, en parte, a un modelo económico en el que las grandes emergencias generan una importante movilización de recursos. Por ello, reclamó un debate «honesto» sobre la financiación de la prevención y propuso que esa reflexión se produzca una vez finalice la campaña de incendios, con la participación de administraciones, empresas y ciudadanos.

Respecto a las reclamaciones del sector agrario para facilitar la limpieza de los montes, Valladares admitió que muchas de esas demandas tienen fundamento, aunque rechazó que esa medida pueda resolver por sí sola el problema. En su opinión, reducir el riesgo de grandes incendios exige una estrategia mucho más amplia que combine una mejor coordinación entre administraciones, una mayor anticipación y un cambio de hábitos por parte de la sociedad.

Como ejemplo, mencionó el uso de maquinaria pesada durante episodios de calor extremo, pese a las restricciones existentes. Más que atribuir estos comportamientos a una voluntad de incumplir la normativa, considera que reflejan una falta de concienciación social, por lo que insistió en la importancia de reforzar la prevención y la sensibilización para disminuir el riesgo de nuevos incendios forestales.