Varios especialistas en Derecho Internacional cuestionan el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar al considerar que deja sin abordar la cuestión de la soberanía del Peñón, refuerza la posición británica y evita que el texto tenga que someterse a un proceso de ratificación en las Cortes españolas.

Según explican varios expertos consultados por Abc, el principal problema del tratado no reside sólo en su contenido, sino también en la fórmula jurídica elegida para aprobarlo. El profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba, Eduardo Jiménez Pineda, sostiene que «España ha cedido protagonismo a la Unión Europea», ya que el acuerdo ha sido suscrito por la Comisión Europea y no por el Estado español y el Reino Unido.

A su juicio, esta decisión política permite al Gobierno de Pedro Sánchez evitar un proceso de ratificación parlamentaria que podría haber resultado desfavorable. En la misma línea se pronuncia el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Ramón Fernández Liesa, quien considera que habría sido más adecuada la fórmula del denominado acuerdo mixto, que sí exige la aprobación de los Estados implicados.

«Aceptar la fórmula del acuerdo exclusivo supone dar por hecho que el tratado no afecta a competencias de Estado alguno, sólo a las de la Unión Europea, y eso parece difícil de asumir en este caso», afirma Fernández Liesa.

«Consolida una situación contraria al Derecho Internacional»

Las críticas también alcanzan al contenido del acuerdo. Para Eduardo Jiménez Pineda, el texto «no pone en duda la soberanía del territorio» y, por el contrario, «consolida una situación contraria al Derecho Internacional, que es que Gibraltar es una colonia de Gran Bretaña en España».

El profesor de la Universidad de Córdoba también destaca que el pacto permite que Gibraltar se integre en el espacio Schengen «sin que el Reino Unido sea ya miembro de la Unión Europea». Además, subraya las diferencias fiscales entre ambos territorios al recordar que el tipo general del IVA en España es del 21%, mientras que en Gibraltar se sitúa en el 15%.

En su opinión, el resultado es «una especie de chapuza» porque «se ha perdido una oportunidad histórica de defender una posición histórica de España respecto a Gibraltar», pese a la existencia de resoluciones de Naciones Unidas sobre la situación de la colonia y la integridad territorial española.

Por su parte, Fernández Liesa advierte de que la aplicación del tratado no puede implicar «cualquier tipo de reconocimiento de la soberanía al Reino Unido, sobre todo en las aguas, que son de soberanía española».

Riesgo de perpetuar los desequilibrios en el Campo de Gibraltar

Las reservas también alcanzan al impacto económico del acuerdo. El profesor titular de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú, considera que el tratado constituye un hito positivo para ordenar las relaciones tras el Brexit, pero lamenta que no incorpore un mecanismo vinculante para corregir los desequilibrios económicos y fiscales entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.

Según explica, España desaprovechó una «palanca negociadora tan potente» como su derecho de veto en la Unión Europea para exigir garantías durante la negociación.

Verdú alerta de que abrir la frontera sin establecer medidas correctoras puede «cronificar los desequilibrios» entre ambos territorios. A su juicio, el mecanismo de cohesión anunciado durante las negociaciones para compensar las diferencias económicas y sociales ha quedado «absolutamente vacío de contenido», ya que el acuerdo sólo contempla la posibilidad de crear un fondo en el futuro, sin obligaciones financieras concretas.

El profesor de la Universidad de Cádiz considera «inteligente y acertado» que el Gobierno español dejara al margen la cuestión de la soberanía para evitar un bloqueo de las negociaciones, aunque sostiene que esa decisión «no justifica la debilidad» en la defensa de los intereses del Campo de Gibraltar. En su opinión, el riesgo es consolidar una relación en la que la comarca española continúe actuando como suministradora de servicios y mano de obra para la colonia británica.