
Tres mujeres musulmanas fueron expulsadas hace unas semanas de piscinas municipales de Burgos por acceder a las instalaciones con burkini, una prenda que cubre gran parte del cuerpo y cuyo uso vuelve a abrir el debate sobre normas higiénicas, convivencia y símbolos religiosos en espacios públicos.
Los hechos tuvieron lugar en los recintos de El Plantío y San Amaro. La decisión se amparó en la normativa de uso de las instalaciones deportivas municipales, que prohíbe utilizar prendas de calle dentro de las piscinas por razones de higiene, según recoge Libertad Digital.
El debate se centra en el tipo de prenda utilizada por las mujeres. En dos de los casos, según la información publicada, se trataba de ropa de calle adaptada para el baño. En el tercero, la mujer vestía un traje confeccionado con materiales similares a los de un bañador.
En España no existe una legislación estatal ni autonómica específica que regule el uso del burkini en piscinas públicas. Por ello, este tipo de conflictos queda en manos de las ordenanzas municipales y de la interpretación que realicen los responsables de cada instalación.
El caso llega en pleno debate sobre símbolos islámicos en espacios públicos. En Castilla y León, el acuerdo de Gobierno firmado por VOX contempla la prohibición del burka y el nicab en dependencias de la Junta.
El texto defiende que estas prendas, al ocultar completamente el rostro, son incompatibles con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia.
El burquini, sin embargo, no cubre totalmente el rostro, las manos ni los pies, lo que deja su tratamiento en una zona menos definida desde el punto de vista normativo.
El caso de Burgos evidencia la ausencia de un marco común. En León, tras una consulta de VOX, el Gobierno municipal socialista defendió que el burkini puede permitirse si está fabricado con tejidos adecuados para el baño.
En cambio, el verano pasado, el Ayuntamiento de Salamanca expulsó a una mujer que utilizaba burkini en una piscina municipal alegando motivos higiénicos. Después, al comprobar que la prenda cumplía los requisitos técnicos del reglamento, el consistorio tuvo que rectificar públicamente.