El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ordenado a los consulados españoles en el extranjero acelerar la revisión de los expedientes de la ‘ley de nietos’ y trabajar durante el fin de semana, si resulta necesario, para cumplir el requerimiento del Tribunal Supremo sobre los afectados por la suspensión de sus derechos electorales.

Según avanza The Objective, La instrucción, remitida por telegrama urgente el jueves por la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, exige completar antes del martes 27 de octubre, a las 15.00 horas, los documentos con los datos de las 163.020 personas afectadas. El plazo judicial para entregar la relación nominal finaliza el miércoles 28 a las 15.00 horas.

El ministro reclama a todas las oficinas consulares que destinen los recursos necesarios a esta tarea, incluidos los días 24 y 25 de octubre, dentro de los límites establecidos por la legislación laboral. La advertencia llega después de que el alto tribunal exigiera al departamento de Albares y al Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, identificar a los afectados por la medida cautelar.

El Supremo ha advertido de posibles multas de hasta 1.000 euros y de eventuales responsabilidades penales si la inacción administrativa impide que ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La urgencia contrasta con las dificultades técnicas denunciadas por los consulados durante las últimas semanas. Según diplomáticos citados por The Objective, Exteriores no ha puesto en marcha la herramienta informática anunciada para centralizar los expedientes y conectarlos con DICIREG, la plataforma del Ministerio de Justicia para la gestión electrónica de actuaciones del Registro Civil.

En su lugar, las oficinas consulares han recibido instrucciones para elaborar hojas de cálculo y subirlas a un espacio digital habilitado por el departamento. Los funcionarios sostienen que este sistema no resuelve los problemas de integración de datos y obliga a realizar parte del trabajo manualmente.

La revisión también se enfrenta a la falta de digitalización de documentación anterior a 2025, lo que dificulta comprobar los expedientes relacionados con el exilio político de los antepasados de los solicitantes. El Consulado General de España en Rosario, Argentina, había revisado más de 50.000 expedientes hasta el lunes anterior, según la información publicada.

El Gobierno comunicó al Supremo el 21 de octubre que había examinado 31.390 expedientes de los 163.020 afectados. De ellos, únicamente 91 habían dado lugar a certificados consulares relativos a la acreditación del exilio, de acuerdo con los datos recogidos en el auto judicial.

El alto tribunal suspendió en septiembre los efectos electorales de las nacionalizaciones acogidas a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática mientras se revisan los casos afectados.