Las oficinas de Extranjería se enfrentan a un escenario de colapso sin precedentes. Los funcionarios han amenazado con una huelga indefinida a partir del 20 de abril ante la avalancha de trabajo que supondrá el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno, que podría generar hasta 750.000 solicitudes de residencia y permiso de trabajo, según informa Ok Diario.
La convocatoria llega tras meses de advertencias ignoradas. Los empleados públicos denuncian que no se han reforzado las plantillas ni se han adoptado medidas organizativas suficientes, pese al impacto directo que tendrá el proceso en la carga de trabajo.
Desde marzo, los funcionarios vienen alertando de una situación de saturación creciente, especialmente en el ámbito del Ministerio del Interior, donde la expedición de documentación ya sufre retrasos y acumulación de expedientes. La previsión es que esta presión se dispare durante las próximas semanas.
A la falta de personal se suman otras reivindicaciones como la equiparación salarial, el reconocimiento de la productividad, la mejora de la atención al público y una mayor formación para afrontar un proceso de dimensiones excepcionales.
El grueso de las solicitudes se canalizará a través de oficinas de Correos, delegaciones del Gobierno y sedes de Extranjería, además de vías telemáticas que, según advierten sindicatos como CSIF, presentan serias limitaciones técnicas y problemas de identificación de los solicitantes.
El procedimiento no sólo amenaza con colapsar el sistema en el corto plazo. Un año después, los mismos funcionarios deberán gestionar la renovación de estos permisos, lo que podría provocar una segunda oleada de saturación administrativa.
A este escenario se suma un dato preocupante: las oficinas ya arrastraban a finales de 2025 más de 180.000 expedientes pendientes de tramitación en el sistema ordinario.
La combinación de acumulación previa, falta de recursos y la llegada masiva de nuevas solicitudes sitúa al sistema de Extranjería al borde del colapso total, en medio de una de las decisiones más controvertidas del Ejecutivo en materia migratoria.
