Una sucesión de investigaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y distintos ayuntamientos ha sacado a la luz más de 2.800 inscripciones, certificaciones y episodios de falsedad documental relacionados con los padrones municipales españoles. Los casos incluyen centenares de extranjeros registrados en viviendas donde nunca residieron, domicilios inexistentes y casas con hasta 91 personas empadronadas.

Según una investigación publicada por El Debate, las irregularidades se extienden por municipios de Mallorca, Toledo, Barcelona, Madrid, Murcia, Andalucía y otras comunidades autónomas, y ponen de manifiesto las dificultades de las administraciones para verificar la residencia efectiva de quienes figuran en sus registros.

Uno de los episodios más llamativos se produjo en Seseña (Toledo), donde la Guardia Civil identificó más de 400 empadronamientos fraudulentos y descubrió una vivienda con 91 personas inscritas. La operación terminó con cuatro detenidos, acusados de cobrar entre 300 y 400 euros a inmigrantes ilegales para facilitarles documentación destinada a regularizar su situación administrativa.

Empadronamientos en solares y edificios abandonados

En Alcúdia (Mallorca), la Guardia Civil detuvo en septiembre de 2025 a un funcionario municipal investigado por registrar fraudulentamente a 430 extranjeros en direcciones correspondientes a solares, inmuebles inexistentes y edificios todavía en construcción.

En Sant Cugat del Vallès (Barcelona), las inspecciones municipales comprobaron que 322 de las 324 inscripciones sospechosas examinadas no correspondían a residentes reales.

La situación también se ha detectado en Algeciras (Cádiz), donde la Policía Local identificó 336 inscripciones irregulares durante marzo y abril de 2026. Entre los domicilios utilizados figuraban casas abandonadas, inmuebles tapiados, un antiguo establecimiento de hostelería e incluso direcciones inexistentes.

En Roquetas de Mar (Almería) se descubrieron otros 188 empadronamientos fraudulentos, mientras que en Archena (Murcia) se investigaron alrededor de 600 certificados presuntamente falsos. Las cifras recopiladas incluyen actuaciones de distinta naturaleza y no representan 2.800 delitos acreditados mediante sentencia.

El INE reconoce discrepancias en millones de registros

Las investigaciones coinciden con la transformación del sistema estadístico español. Desde 2021, el censo de población se elabora íntegramente a partir de registros administrativos, sin recurrir a las antiguas entrevistas domiciliarias específicas de la operación censal.

Un documento del Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a noviembre de 2025, recoge discrepancias en los datos de dirección de más de 8,3 millones de registros padronales, relativas a elementos como el bloque, portal, escalera, planta o puerta.

Estas diferencias administrativas no constituyen por sí mismas empadronamientos fraudulentos, pero ponen de relieve la importancia de comprobar y corregir la información que manejan los organismos públicos.

Dudas sobre su posible repercusión electoral

La proliferación de inscripciones falsas también plantea interrogantes sobre los mecanismos de actualización del censo electoral, alimentado en parte por los padrones municipales. La Oficina del Censo Electoral dispone de procedimientos para detectar incrementos anómalos de electores, aunque uno de sus controles estadísticos específicos se aplica únicamente a municipios de hasta 2.000 electores.

Todavía se desconoce cuántos de los empadronamientos fraudulentos descubiertos por la Policía llegaron a incorporarse al censo electoral, cuánto tiempo permanecieron activos o si fueron detectados por los mecanismos de revisión.