El Partido Popular cerró filas en torno al acuerdo alcanzado con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El apoyo a Feijoo fue unánime, pero la desconfianza hacia Sánchez persiste, y en Génova consideran un riesgo real que el Congreso pueda obstaculizar la reforma final del sistema de elección del órgano de los jueces.
El pacto incluye no sólo la renovación inmediata del Consejo con los nombres acordados por PSOE y PP, sino también una proposición de ley que busca avanzar en la «despolitización de la Justicia». Este texto ya ha sido registrado en el Congreso para su debate y votación en julio. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el principal obstáculo fue una disposición adicional en la Ley Orgánica que insta a los nuevos vocales del CGPJ a encontrar una fórmula para garantizar la «participación directa de los jueces» en la elección de sus miembros. Este informe debe estar listo en seis meses y se remitirá al Gobierno y a las Cortes para su aprobación. Así, la última palabra la tendrá el Congreso, donde el PSOE podría sorprender y no apoyar el proyecto, como temen fuentes del PP.
En paralelo a la firma del acuerdo en Bruselas, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aclaró que el pacto con el PP no incluye que «los jueces elijan a los jueces» de su órgano de gobierno. Explicó que el nuevo CGPJ puede hacer propuestas que luego serán valoradas por las Cortes, pero sin un compromiso vinculante en este sentido. Tampoco Cayetana Álvarez de Toledo consiguió un compromiso de Félix Bolaños en la sesión de control. El ministro sólo reafirmó en una entrevista que el acuerdo no obliga al PSOE a impulsar un nuevo modelo de elección en las Cortes.
El PP cree que la vigilancia comunitaria es clave para el cumplimiento íntegro del acuerdo, incluyendo el cambio del sistema de elección, aunque los recelos persisten.
Sin la aprobación de la reforma, la «despolitización del CGPJ», el argumento más utilizado por los populares para justificar el pacto con los socialistas, se quedará en nada. El acuerdo ha supuesto un órgano de los jueces de nuevo politizado: con diez vocales elegidos por el PP y diez elegidos por el PSOE.
