La caída de Susana Díaz al frente del PSOE andaluz no fue fruto de la casualidad, sino de una operación cuidadosamente diseñada desde Ferraz muchos meses antes de que los militantes votaran en las primarias. Nueve meses antes de la cita con las urnas internas, la dirección nacional ya había puesto en marcha un plan para desarticular su poder en Andalucía y colocar a un candidato afín a Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno envió a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán a tejer alianzas con líderes locales que hasta entonces respaldaban a Díaz. Y, sobre todo, se articuló un sistema para inclinar el censo de militantes en aquellas agrupaciones donde la expresidenta de la Junta mantenía el control.
El primer movimiento tuvo lugar en Coria del Río, Sevilla. Allí, la dimisión en bloque de la ejecutiva local dejó la agrupación en manos de una gestora provisional. Durante dos meses de vacío, la situación fue aprovechada para introducir en el censo a 32 militantes irregulares: las fichas de afiliación presentaban todas el mismo tipo de letra y ninguna incluía número de cuenta.
El encargado de introducirlas fue, según detalla Abc, David Díaz, actual secretario local, con la ayuda de María Iglesias, coordinadora de Izquierda Socialista en Sevilla y cercana a Ferraz. Iglesias reconoció en un audio, revelado por el citado diario, cómo se forzó el procedimiento para impedir que Díaz siguiera controlando la agrupación: «Hubiéramos apoyado a cualquiera que no fuera Susana Díaz. Fue Juan Espadas, pero hubiéramos apoyado a Periquito el de los palotes. Obviamente no a Susana después de haber ido contra Pedro«.
La propia Iglesias admitió que Ferraz dio instrucciones para enviar las solicitudes de afiliación directamente a Madrid, saltándose la normativa interna del partido, que prohíbe nuevas altas durante la etapa de una gestora y obliga a que sean validadas por la ejecutiva local.
La irregularidad fue detectada por la gestora, encabezada por Antonio Pradas, que envió un informe detallado a la Comisión Federal de Garantías en Madrid. La dirección, sin embargo, no tomó ninguna medida: los 32 militantes continuaron en el censo y pudieron votar.
A partir de ese momento, la estrategia se extendió a otras agrupaciones bajo el control de Susana Díaz, como Peñarroya-Pueblo Nuevo y Guadalcázar en Córdoba, Almería capital o el barrio de la Macarena en Sevilla. Las fichas seguían llegando fuera de plazo y con irregularidades. Pese a las reclamaciones de la candidatura de Díaz, Ferraz dio por válidos a todos los nuevos militantes.