Una treintena de padres ha sido detenida en Tarragona por abandonar a sus propios hijos después de instruirles para que se hicieran pasar por menas. El objetivo era acceder a ayudas públicas destinadas a estos «menores» y beneficiarse de un sistema que, lejos de proteger a los más vulnerables, se ha convertido en un coladero de fraude. El engaño, que asciende a 1,5 millones de euros, vuelve a dejar en evidencia la gestión de la Generalidad catalana y su cuestionado modelo de tutela de menores.

La investigación de la Policía Nacional, iniciada en 2023, destapó cómo estas familias traían a sus hijos a España con visados turísticos tipo C. Una vez aquí, los dejaban en centros de acogida fingiendo que estaban solos, mientras los progenitores regresaban a su país o permanecían en contacto telefónico. Algunos de los implicados, con un nivel económico medio o alto, incluso programaban visitas esporádicas para mantener la apariencia de control. Otros, con menos recursos, se instalaban en Cataluña y continuaban cobrando ayudas complementarias.

La maniobra les permitía recibir subvenciones destinadas a manutención, educación y atención sanitaria de los menores, además de abrir la puerta a permisos de residencia para los niños. Según la Policía, el mantenimiento de cada supuesto mena puede llegar a costar entre 31 y 140 euros diarios, una carga que recae directamente sobre los contribuyentes.

Los agentes han localizado hasta 124 expedientes sospechosos en centros de protección de Tarragona. En total, 109 casos ya han sido analizados, confirmándose el patrón de abandono, simulación de minoría de edad y fraude a la Administración. Los detenidos se enfrentan a delitos de abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa al Estado.

El caso ha vuelto a colocar a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, en el centro de la polémica. La dirigente del PSC ha tratado de defender su gestión, asegurando que las reformas recientes en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), ahora rebautizada como DGPPIA, “ya están dando frutos” porque han permitido detectar “fraudes donde los haya”. Sin embargo, las cifras y los antecedentes de su departamento cuentan otra historia.

Este escándalo se suma a una larga lista de irregularidades en el sistema catalán de protección de la infancia. La propia Oficina Antifraude de Cataluña está ultimando un informe sobre presuntas malas prácticas en las ayudas a jóvenes extutelados gestionadas por la UTE Fundació Mercè Fontanilles–Fundació Resilis. El caso se abrió tras la denuncia de un trabajador protegido que alertó de pagos indebidos y manipulación de expedientes.