La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la «completa» identificación de los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando la presidía Alberto Ruiz-Gallardón, que firmaron en 2001 el contrato de compra de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, como paso previo a su citación.
En un escrito remitido al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, la Fiscalía pide también la citación de 14 personas en calidad de investigados, entre ellos el que fuera presidente del Canal Pedro Calvo Poch.
La Fiscalía se plantea desde hace tiempo la posibilidad de llamar como investigado en Lezo a Alberto Ruiz-Gallardón, si bien en este nuevo escrito pide nueva documentación tanto a la Comunidad de Madrid como al Canal de Isabel II antes de reclamar una imputación.
Según Anticorrupción, la operación de compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante una «sociedad vehículo» de la empresa pública llamada Canal Extensia (constituida por el Canal el mismo mes de la compra), pero no se adquirió directamente a Inassa sino mediante una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.
Una compra plagada de irregularidades
Una operación que para la Fiscalía adoleció de «un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público», que se centraron principalmente «en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato».
Hay además, según el escrito, «claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar».
La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.
Un acuerdo desfavorable que firmó Gallardón
El acuerdo del ejecutivo madrileño lo firmaron el entonces consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera y el presidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón, «no conteniéndose en dicho acuerdo -autorización para adquirir la sociedad panameña ni ningún activo distinto a ese 75% de acciones de Inassa», destaca el escrito.
«Hasta la fecha -dice la Fiscalía- no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la CAM que adoptaron este acuerdo».
Además de pedir los nombres y el acta de la reunión del ejecutivo, la Fiscalía reclama al juez que se pida la documentación que se le trasladó a los miembros del consejo para valorar esta operación», y concretamente el mencionado dossier desaconsejando la compra.
Para aclarar esta operación, Anticorrupción quiere que se cite como investigados a Arturo Canalda, ex director gerente del Canal y presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid; Pablo López de las Heras, ex director de Nuevos Negocios del Canal, y José Antonio de Cachavera, exdirector económico y de desarrollo comercial del Canal.
También a miembros de los integrantes del consejo de administración del Canal en noviembre de 2001 que votaron a favor de la operación, entre ellos su entonces presidente.
Asimismo, pide que se cite como imputados a personas que participaron en la operación como compradores, vendedores y gestores de Inassa a través de distintas empresas interpuestas.
Como testigos, quiere que se tome declaración a empleados y asesores de la Comunidad que participaron en la compraventa y a las personas que elaboraron los informes desaconsejando la operación, entre otros.
En el mismo escrito, Anticorrupción también pide que se tome declaración a una testigo para que «esclarezca aspectos relacionados con los trabajos que realizó en la vivienda propiedad de Ignacio González y Lourdes Cavero en el año 2006″.
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