El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en el centro de la polémica después de que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidiera nuevas diligencias al Tribunal Supremo para esclarecer si cambió de teléfono móvil tras la filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. La solicitud surge tras detectar que otros fiscales del Ministerio Público también habrían renovado sus terminales después de los registros de la Guardia Civil en las oficinas de la Fiscalía, realizados el pasado 30 de octubre.
El juez Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, ha exigido identificar los teléfonos incautados durante los registros y determinar a quién pertenecen. El volcado del terminal de García Ortiz mostró que entre el 8 y el 14 de marzo, días clave de la filtración, no había mensajes almacenados. Sin embargo, un análisis de otros dispositivos demuestra que hubo conversaciones entre el fiscal general y sus subordinados, incluida Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid.
Según APIF, existen dos posibles explicaciones: o García Ortiz eliminó deliberadamente las conversaciones o cambió de teléfono móvil en ese periodo, como aparentemente hicieron otros fiscales de su entorno. La asociación insiste en que es crucial verificar si el fiscal general utilizó un nuevo terminal tras la filtración del 13 de marzo.
Un caso particular es el de María Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección Fiscal, quien cambió de número de teléfono un día después de los registros, según consta en una captura de pantalla presentada por APIF. Una semana después, volvió a usar su número original. La asociación considera que esto no es un hecho aislado y apunta a otros fiscales del entorno de García Ortiz que también habrían modificado sus dispositivos en fechas cercanas.
Los expertos consultados explican que cada vez que un usuario instala WhatsApp en un nuevo terminal, la aplicación notifica automáticamente el cambio a los contactos del usuario. Además, las políticas de la app indican que conserva los datos de cuentas asociadas a investigaciones penales durante 90 días, por lo que es posible recuperar información eliminada en ese plazo.
Las tensiones internas en el Ministerio Público se han intensificado. Mientras algunos sostienen que la eliminación de datos es una práctica de seguridad rutinaria, otros críticos acusan a García Ortiz de haber borrado mensajes de manera intencionada para ocultar su implicación en la filtración. La UCO también informó que un fiscal del Tribunal Supremo presenció al fiscal general revisando su móvil durante los registros de la Guardia Civil.
En un escrito presentado este lunes, APIF atribuye a García Ortiz dos nuevos posibles delitos: apoderamiento ilícito de información y prevaricación administrativa. Según la asociación, el fiscal general no tenía autorización para acceder a los datos confidenciales que se filtraron, lo que habría llevado a un «frenético intercambio de correos y llamadas» la noche del 13 de marzo. Además, acusan al delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal, Agustín Hidalgo de Morillo, de no informar sobre la brecha de seguridad que permitió la filtración.
APIF solicita al Supremo que cite a García Ortiz como investigado y aclare los protocolos de eliminación de datos en la Fiscalía. La asociación también ha pedido recuperar las comunicaciones realizadas entre el fiscal general y otros miembros del Ministerio Público durante los días en que ocurrieron los hechos.
