La Fiscalía de Vizcaya ha abierto una investigación por un posible caso de maltrato habitual a bebés en una guardería de Guecho, tras una denuncia presentada por varias trabajadoras del propio centro. Las diligencias tratan de determinar si dos cuidadoras ejercieron violencia física contra menores y si la directora del centro ignoró las advertencias formuladas por otras empleadas.

Según la documentación remitida al juzgado, los hechos investigados se habrían producido durante 2025, a lo largo del pasado curso escolar, en una guardería situada en el barrio de Romo y propiedad de la Fundación BBK. La denuncia describe presuntas conductas violentas reiteradas contra bebés, que habrían sido aplicadas como método de corrección o disciplina.

Entre los episodios recogidos en el escrito figuran golpes con el dorso de la mano en la boca a bebés que mordían a otros niños, así como cachetes en la cara o azotes en el trasero cuando los menores no obedecían. Las denunciantes sostienen que estos comportamientos serían incompatibles con el cuidado infantil y se habrían repetido con cierta frecuencia.

Las acusaciones también afectan al momento de la comida. El escrito detalla que, presuntamente, algunos bebés eran colocados en hamacas inclinadas hacia atrás para forzar la ingesta de alimentos. Incluso, según la denuncia, se habría llegado a taparles los ojos o introducirles comida que habían expulsado previamente, pese a las arcadas y al llanto.

Pese a la gravedad de los hechos relatados, el decreto remitido por la Fiscalía al juzgado de Guecho el pasado 17 de febrero indica que los bebés no presentan lesiones físicas objetivables. No obstante, la fiscal responsable del caso ha considerado necesario presentar denuncia formal para que el juzgado abra una investigación paralela y ordene las actuaciones policiales que considere oportunas.

Los hechos podrían encajar en un delito de maltrato habitual recogido en el artículo 173.2 del Código Penal, que contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión cuando la violencia se ejerce contra menores bajo la responsabilidad de los acusados.