El Consell de Formentera ha reconocido que la isla se encuentra «al límite» ante la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados y ha solicitado al Govern balear la habilitación de un espacio específico para atenderlos. La respuesta del Ejecutivo autonómico ha sido negativa: asegura que no dispone de terrenos para crear un centro de acogida en la isla.

Actualmente, Formentera tutela a 148 menores, una cifra que multiplica por más de diez los 12 que, según los criterios del Gobierno central, debería poder gestionar. La institución insular advierte de que afronta una situación «absolutamente desproporcionada», con un único recurso provisional saturado y sin plazas estructurales para asumir nuevas llegadas.

Ante este bloqueo, el Govern mantiene la estrategia actual: trasladar a los menores a centros de otras islas o de la Península y reforzar las transferencias económicas. El Ejecutivo autonómico insiste en que seguirá coordinándose con el Consell para evitar el colapso de los servicios públicos.

Sin embargo, desde Formentera rechazan que el problema pueda resolverse únicamente con más financiación. «Nuestro problema no es sólo económico», subrayan fuentes insulares, que advierten de que el impacto ha desbordado su capacidad financiera ordinaria y que el margen de maniobra es prácticamente inexistente.

En términos presupuestarios, el Govern ha destinado importantes recursos a la isla. Sólo en 2025, Formentera recibió 7,9 millones de euros adicionales —4,1 millones en agosto y 3,8 millones en diciembre procedentes de fondos estatales— para financiar la tutela de estos menores. A ello se suman otros 6,2 millones entre enero y septiembre del año anterior y más de 10 millones en transferencias corrientes durante ese ejercicio.

El conflicto ha escalado también al Parlament balear. La diputada de VOX Patricia de las Heras ha reclamado que se exija al Gobierno central que asuma la tutela de estos menores, defendiendo que la solución «no es ni más dinero ni más centros», sino aplicar la legislación vigente para su retorno con sus familias en sus países de origen.

Por su parte, la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, ha reconocido que el Govern ha remitido hasta siete escritos a distintos ministerios sin obtener respuesta. Desde Baleares sostienen que es el Estado quien debe hacerse cargo de estas tutelas al tener las competencias en inmigración.

El Gobierno central, por el contrario, rechaza esa interpretación y recuerda que la competencia en menores está transferida a las comunidades autónomas, que en el caso balear la delegaron en los consells insulares.

El resultado es un bloqueo institucional que deja a Formentera sin capacidad material para atender la presión de la ruta argelina, una realidad que no existía cuando se transfirieron las competencias y que hoy pone al límite a una de las administraciones más pequeñas de España.