LA GACETA ha tenido acceso en exclusiva a información interna de AENA que detalla los vuelos operados para el traslado de inmigrantes ilegales desde Canarias a la península, así como a las memorias anuales de Fundación CEPAIM, que revelan un aumento exponencial en sus ingresos paralelo al incremento de la presión migratoria en España. Estos documentos ponen de manifiesto cómo una de las principales ONG en la gestión de la inmigración ilegal ha visto multiplicar sus recursos financieros por casi diez en la última década, en un contexto de llegadas récord que sobrecargan el sistema español.

Fundación CEPAIM reportó en su memoria de 2014 ingresos totales de 8.964.143,11 euros, con un 73,89% procedente de la Dirección General de Migraciones y el resto de fuentes públicas y privadas como comunidades autónomas (11,27%) y fondos europeos (3,87%). Ese año, la entidad atendió a 17.098 beneficiarios directos de más de 100 nacionalidades, con un enfoque en programas de integración para inmigrantes vulnerables. Del total, el 68% se encontraban en situación regularizada y el 31% no, destacando Marruecos como origen principal (34%). Los servicios incluyeron asesoría jurídica para 5.234 inmigrantes, inserción laboral para 2.156 y formación para 3.789, en un periodo post-crisis económica con inmigración ilegal moderada.

En contraste, la memoria de 2024 muestra ingresos de 86.245.892,17 euros, un incremento del 862%. La financiación se compone en un 73,63% de fondos estatales, 13,02% de la Unión Europea y Estado combinados, y el resto de aportaciones locales y privadas. El número de participantes ascendió a 50.064, un aumento del 193%, con 41.538 en España. De estos, el 49% estaban regularizados, el 34% no y el 17% en trámite. Los resultados incluyen un total de 12.334 asesorías jurídicas (muchas para regularizaciones), 4.567 atenciones en emergencias y extensiones a Marruecos y Senegal con programas como CONVIVE.

Este crecimiento financiero de CEPAIM coincide con una escalada en las llegadas ilegales a España. Según datos del Ministerio del Interior, en 2014 se registraron 4.552 entradas por mar a las costas españolas, un aumento del 40,6% respecto al año anterior. En 2024, el balance anual alcanzó 63.970 entradas ilegales totales, rozando el récord histórico y superando las 56.944 de 2023 en un 12,5%, con la ruta canaria concentrando el 73% de los accesos por la vía de la ilegalidad, generando costes millonarios en acogida y gestión, financiados por el Estado y la UE con la participación de numerosas ONG.

En este escenario, CEPAIM emerge como una de las entidades más activas en los «vuelos patera«, traslados aéreos de inmigrantes ilegales desde Canarias a Madrid, documentados en exclusiva por LA GACETA a través de datos internos de AENA. En el primer trimestre de 2025, se operaron 53 vuelos en rutas como TFN-MAD (Tenerife-Madrid) y LPA-MAD (Gran Canaria-Madrid), con capacidades de 161 a 344 pasajeros, totalizando aproximadamente 10.518 inmigrantes ilegales trasladados. CEPAIM participó en al menos 6 de estos vuelos, facilitando el movimiento de aproximadamente 1.300 inmigrantes ilegales. Detalles incluyen el vuelo AEA842 del 16 de enero desde Tenerife con 344 pasajeros, compartido con ACCEM; el QS4668 del 30 de enero desde Gran Canaria con 187, junto a CEAR, ENGLOBA, Cruz Roja y San Juan de Dios; y el PVG1335 del 2 de febrero desde Gran Canaria con 180, en colaboración con APIP-ACAM y RESCATE. Otros participantes recurrentes son Cruz Roja (en 19 vuelos), ACCEM (en 22) y CEAR (en 8), con financiación pública cubriendo toda la logística a través del Ministerio de Migraciones.

Estos operativos dispersan a los recién llegados por la península, incluyendo asesorías para la regularización de los mismos. Sin embargo, el modelo genera un ciclo donde las ONG, como CEPAIM, reciben fondos por persona atendida, multiplicando ingresos mientras las llegadas ilegales persisten. Al igual que las mafias cobran en origen por viajes hacia costas españolas, estas entidades monetizan la gestión posterior con dinero del contribuyente, agravando tensiones en servicios públicos, seguridad y cohesión social en un país que asiste a una debacle fronteriza continua.