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la ronda de contactos empezó el jueves con los fiscales del supremo

García Ortiz se reúne con fiscales de la AN, del Tribunal de Cuentas y de Cataluña ante la entrada en vigor de la amnistía

La asociación mayoritaria de fiscales planta a García Ortiz en la reforma del Estatuto por su falta de independencia.
El fiscal general, Álvaro García Ortiz. Europa Press.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado este viernes a fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas y de Cataluña ante la eventual entrada en vigor de la ley de amnistía que aprobó el jueves el Congreso de los Diputados y que pretende perdonar una década del golpe separatista en Cataluña.

Fuentes fiscales han confirmado que el jefe del Ministerio Público continúa con la ronda de contactos que empezó el jueves con los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio, los jefes de Penal de dicho tribunal y el fiscal ante el Tribunal Constitucional.

Las mismas fuentes han precisado que se trata de reuniones para «coordinar» la actuación del Ministerio Público en «todos» los órdenes jurisdiccionales y en «todas» las instancias.

Se espera que la ley beneficie a los principales dirigentes de Junts y ERC y su entorno, a los 12 CDR procesados y a los investigados por Tsunami Democràtic, entre otros. Cabe recordar que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el texto legal ampararía a 372 personas, mientras que el colectivo de abogados Alerta Solidaria habla de 419.

Los informes de la Fiscalía

La norma fija que los tribunales tendrán que aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses. La mayor expectativa está sobre el Tribunal Supremo, que tiene sobre la mesa varios casos relativos al golpe separatista: el de los condenados, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; el de los procesados en rebeldía, como el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos; y la causa abierta por presunto terrorismo en Tsunami Democràtic, que afecta a Puigdemont y al exdiputado de ERC en el Parlamento catalán Ruben Wagensberg.

Fuentes jurídicas apuntan que el Supremo no se reunirá para abordar la amnistía sin antes haber escuchado a las partes, incluida la propia Fiscalía, a quien pedirá informe después de que la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto de tribunales también tendrán que consultar al Ministerio Público, según las fuentes consultadas.

De ahí que la reunión de este jueves y viernes del fiscal general con los fiscales del golpe separatista y del resto de instancias sea necesaria para fijar una unidad de criterio para los futuros informes que tendrá que emitir la Fiscalía en los procedimientos afectados por la amnistía.

La Audiencia Nacional tiene en sus manos dos causas relativas al golpe en Cataluña: la de los CDR, que están a la espera de juicio; y la rama de Tsunami Democrátic que no afecta a los aforados, que aún está en fase de investigación. El Tribunal de Cuentas por su parte, dejó visto para sentencia el pasado miércoles la causa relativa a los gastos del 1-O y la acción exterior del proceso independentista catalán.

En el encuentro del jueves, los fiscales del golpe separatista entregaron a García Ortiz un documento en el que explicaban su oposición a aplicar la amnistía a Puigdemont en el delito de malversación al entender que sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Según su criterio, él y otros seis dirigentes del golpe en 2017 dedicaron fondos públicos «a fines inconstitucionales para conseguir sus propósitos».

De momento en la Fiscalía General no ha adoptado una decisión sobre cuál será el criterio unitario a seguir.

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