La Fiscalía ya está estudiando su postura ante la inminente aplicación de la ley de amnistía tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la Fiscalía General del Estado consideran prioritario que haya unidad de criterio de actuación en un asunto de máxima relevancia. Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ha evitado pronunciarse durante la tramitación parlamentaria de la ley, ya que no es un actor político. Aun así, su liderazgo enfrenta una crisis de autoridad por varios reveses judiciales y controversias internas, incluida la posible investigación por el Alto Tribunal debido a la filtración de datos confidenciales relacionados con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, la imagen del Ministerio Público ha sido afectada por percepciones de servilismo con el Gobierno.
El jueves, García Ortiz ha convocado una reunión con los fiscales de Sala del golpe separatista: Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, quienes han sido críticos con la ley de amnistía. A esta reunión también han sido convocados la teniente fiscal del Alto Tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, y los fiscales jefes de Penal del Tribunal Supremo. Un día después, los fiscales jefes de Cataluña han sido citados en la sede de la Fiscalía General. En ambos encuentros, se busca delimitar la línea de actuación del Ministerio Público ante la eliminación de los delitos del 1-O, intercambiar impresiones jurídicas y fijar posiciones comunes, según cuenta este jueves El Mundo.
Paralelamente, el fiscal general ha bloqueado, entre fuertes críticas, que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la proposición de Ley a pesar de las reiteradas solicitudes del Senado. Los vocales de la Asociación de Fiscales han emitido un dictamen sobre la norma en clara muestra de rebeldía contra García Ortiz. Además, su incapacidad para apaciguar a la Carrera Fiscal se evidencia en que dos de las tres asociaciones judiciales han abandonado el grupo de trabajo creado para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, esencial para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y transferir la instrucción judicial al fiscal.
