El sobrecoste del modo reforzado que Red Eléctrica lleva aplicando desde el apagón comienza a trasladarse al recibo de la luz. Lo que hasta ahora había tenido un impacto limitado en los bolsillos de los consumidores se convertirá, a partir del próximo año, en una carga palpable. Iberdrola ha confirmado que repercutirá a sus clientes alrededor del 70% del coste adicional generado por este mecanismo, una cifra que asciende a 210 millones de euros entre España y Portugal. Sólo en el mercado español, la compañía calcula un desembolso de 180 millones desde el apagón hasta septiembre.
El llamado «modo reforzado» se activó tras el colapso energético de hace seis meses y consiste en una intervención directa del mercado eléctrico mediante los llamados servicios de ajuste, que priorizan la entrada de energía convencional (gas, nuclear e hidráulica) frente a la renovable. Según datos del sector, el conjunto de estos servicios ha supuesto en todo el país unos 731 millones de euros en medio año. Aunque Iberdrola ha sido la primera en mover ficha, se espera que otras eléctricas sigan el mismo camino.
Hasta ahora, la mayoría de los consumidores se habían mantenido al margen de este incremento gracias a una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En junio, el regulador prohibió expresamente que las compañías traspasaran ese sobrecoste a los usuarios con contratos a precio fijo en el mercado libre, que representan casi tres cuartas partes de los más de 30 millones de puntos de suministro en España. Sin embargo, esta protección tiene fecha de caducidad: los contratos en el mercado libre se renuevan anualmente o, en algunos casos, cada dos años.
Las eléctricas aprovecharán esas renovaciones para incluir nuevas cláusulas que les permitan trasladar el coste del apagón. Desde la CNMC recuerdan que las compañías están obligadas a ofrecer información clara sobre las razones y magnitudes de cualquier variación en las tarifas, y que deben comunicar cualquier cambio con antelación suficiente antes de la firma o renovación del contrato. El organismo insiste en que mantendrá la vigilancia sobre estas prácticas.
En el plano regulatorio, las recientes medidas adoptadas tras los últimos fallos de tensión han dado a las eléctricas un respaldo legal para repercutir al cliente un gasto que hasta ahora asumían con sus propios márgenes. Iberdrola ha reconocido que los ajustes operativos impuestos por el operador del sistema han elevado significativamente los costes de los servicios auxiliares, afectando de manera directa a sus resultados. Su previsión es que, para 2027, el 90% del sobrecoste ya se haya incorporado a las tarifas.
La situación resulta paradójica: buena parte de las centrales convencionales que están cobrando por prestar esos servicios de ajuste pertenecen precisamente a las grandes eléctricas que ahora revisarán al alza los contratos de sus clientes. Esto alimenta las críticas sobre la falta de transparencia en la estructura de costes del sistema eléctrico.
Según la consultora francesa Papernest, los servicios de ajuste se han convertido en una partida cada vez más voluminosa dentro de la factura. Entre 2015 y septiembre de 2025, su importe acumulado en España asciende ya a 14.892 millones de euros. Estos mecanismos se activan cuando la oferta y la demanda no coinciden o cuando es necesario mantener la estabilidad de la red, evitar sobrecargas y garantizar reservas de seguridad.
