Granados ha manifestado a su salida del juzgado que no tiene ningún documento, pero que «todo lo dicho es verdad».
El exconsejero madrileño Francisco Granados ha apuntado contra su otrora amigo, David Marjaliza, pero también contra Ignacio González y Esperanza Aguirre, a los que ha calificado de máximos responsables de todo lo que ocurría en la Comunidad de Madrid.
En concreto, y tras una primera parte de la declaración dedicada a su defensa (ha negado las acusaciones de Marjaliza), Granados ha recordado que quienes mandaban Comunidad de Madrid y en el Partido Popular de Madrid eran Ignacio González y Esperanza Aguirre. En este sentido, ha atribuido al expresidente toda la labor de contratación pública a través de la empresa pública Arpegio.
Granados, que ha afirmado que «tanto el viejo como el nuevo PP» estarían implicados en la financiación ilegal del partido, podría poner así en aprietos a Cristina Cifuentes, que hasta ahora parecía haberse librado de la sombra de corrupción que persiguió al PP madrileño de Esperanza Aguirre. En concreto, y según ha adelantado OK Diario, Granados habría asegurado en su declaración que Cristina Cifuentes «tenía un papel decisivo en la financiación en negro en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid».
El diario El País ha ido un paso más allá y ha señalado que el exconsejero ha atribuido a Cristina Cifuentes e Ignacio González una «relación sentimental».
El ex secretario general del PP de Madrid y principal imputado del caso Púnica asegura que Cristina Cifuentes e Ignacio González mantuvieron una «relación» de tipo «sentimental» https://t.co/duLTDVJbiE pic.twitter.com/TOLNvkIvqf
— EL PAÍS (@el_pais) 12 de febrero de 2018
A su salida del juzgado, ha sostenido que todo lo que ha dicho ante el juez de Púnica «se puede comprobar» y que para ello no necesita aportar documentación porque para eso tendría que habérsela guardado. «Yo entro y salgo de los sitios con lo puesto», ha subrayado.
«Ya sé que sale alguno diciendo que no traigo documentos», ha dicho en clara alusión al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha señalado respecto a la comparecencia de Granados ante el juez que toda la información que pueda dar una persona inculpando a otra «hay que probarla y acreditarla». «Yo no me llevo ningún papel para sacarlo cuando interesa. No tengo ningún documento, pero todo lo que he dicho hoy se puede comprobar», ha reiterado.
También ha precisado que no ha venido «a acusar a nadie de nada». «He venido a defenderme, a desmontar las mentiras y las graves imputaciones que se me han hecho durante estos tres últimos años, la inmensa mayoría de ellas, todas injustas y basadas en la nada».
Por ello, ha explicado que su declaración, que ha sido a petición propia y que proseguirá el próximo día 20, se ha centrado en «aclarar todos esos asuntos que se están investigando y, algo que es fundamental, fijar las responsabilidades en la toma de decisiones de cada cual y en cada caso concreto».
«El que yo diga que la responsabilidad la tiene fulanito o menganita no supone en absoluto que yo les acuse de nada, todo lo contrario», ha insistido Granados, que ha querido dejar claro que él lo que ha querido explicar es «cómo era el funcionamiento del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando yo estaba en el gobierno».
La principal revelación que ha hecho, según él mismo ha explicado ante las cámaras, ha sido indicar que independientemente de la financiación de la campaña electoral del PP de Madrid, «perfectamente contabilizada», también era «consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del PP de Madrid».
Según su versión, esa campaña se llevó «fuera del ámbito del gerente regional del partido», cargo que entonces ostentaba Beltrán Gutiérrez -también imputado en Púnica, y en «una primera fase» estuvo dirigida «a las ordenes de Ignacio González», sucesor de Aguirre en la presidencia madrileña e imputado en Lezo por irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.
Esa campaña, ha añadido, se financiaba «a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid». «No he manifestado ninguna duda sobre la limpieza o la honradez de las personas, de los directores generales, de los consejeros», ni tampoco «de los funcionarios de la Comunidad de Madrid» en empresas públicas como «Arpegio, Mintra, ni en el Metro, ni en los hospitales ni en la educación. Todo lo contrario, estoy absolutamente seguro de su honradez y de que lo han hecho de acuerdo a la ley y como debían»