El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ofrece una imagen incompleta de la inmigración ilegal en Ceuta. Fuentes de la Guardia Civil desplegadas en la ciudad autónoma denuncian que el departamento no refleja en sus estadísticas la presión migratoria real que sufren desde hace más de cuatro meses. Según el último balance oficial, en lo que va de año han accedido a Ceuta por vía terrestre 2.980 personas, un 33,7% más que en el mismo periodo de 2024. Por mar, el ministerio sólo contabiliza cuatro llegadas en dos embarcaciones, lo que supone un descenso del 82,6%.
Sin embargo, los agentes advierten de que esos datos omiten los intentos diarios de entrada a nado desde Marruecos, un fenómeno que tiene completamente desbordadas a las fuerzas de seguridad, según detalla The Objective. En teoría, Interior engloba en la “vía terrestre” las entradas por la valla y los espigones fronterizos, pero en la práctica casi no se producen saltos. La mayoría de los que logran llegar al territorio español lo hacen tras largas travesías marítimas y acceden directamente por la costa.
Estas cifras incluyen a quienes son registrados por la Policía Nacional y trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). No obstante, muchos logran esconderse en la ciudad con la intención de cruzar posteriormente a la Península. Lo que más alarma a los agentes es el número creciente de personas que se lanzan al mar: entre el 10 y el 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, hubo 330 intentos. Sólo en el último mes, las fuerzas de seguridad han interceptado a unas 1.500 personas en aguas ceutíes.
El fenómeno de los “nadadores” —ilegales que tratan de alcanzar Ceuta a nado— solía concentrarse en verano, cuando el viento de levante y la niebla dificultaban la vigilancia. Ahora esas condiciones ya no son necesarias: cientos de personas lo intentan a diario desde julio. El Servicio Marítimo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil rescatan a la mayoría en el agua, tras lo cual la Marina marroquí asume su custodia. En torno al 90% son devueltos de inmediato a Marruecos, salvo los menores y los no marroquíes —como argelinos, bangladesíes, pakistaníes o palestinos—, que permanecen en territorio español.
Pero esta práctica podría tener los días contados. Pese a que la ley de extranjería permite el rechazo en frontera, desde enero de 2024 la legalidad de las devoluciones en caliente está en entredicho. Un juzgado de Ceuta anuló dos expulsiones de ilegales que habían entrado a nado, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó esas sentencias en abril de 2025. El caso está ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si el Estado puede mantener esa práctica. Expertos en extranjería culpan al Gobierno de no haber aclarado el vacío legal en la última reforma de la norma, la misma que impone el reparto obligatorio de menores ilegales entre comunidades autónomas cuando se supera el 150% de la capacidad de acogida.
Mientras Canarias registra un descenso en la llegada de pateras, Baleares se ha convertido —junto a Ceuta— en uno de los principales focos de presión migratoria. En los últimos diez meses han llegado a las islas 6.104 ilegales procedentes del norte de África, un 84% más que en 2024, según Interior. El Gobierno balear denuncia que el aumento responde al deterioro de las relaciones con Argelia. Por ello, Grande-Marlaska viajó a Argel la semana pasada para reforzar la cooperación bilateral contra la inmigración irregular.
Durante el verano, Baleares soportó cifras inéditas: entre junio y septiembre llegaron 3.900 ilegales en 224 embarcaciones, el doble que en Canarias, donde se registraron 1.900 llegadas en 34 pateras. Un incremento del 105% que confirma el descontrol migratorio en el Mediterráneo occidental mientras el Gobierno sigue sin ofrecer una respuesta eficaz.
