La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, ha denunciado ante la Fiscalía a los Mossos de Esquadra por no cumplir la ley el 1 de octubre y por la expulsión de compañeros de hoteles, mientras que la Unión de Oficiales (UO) prevé presentar denuncia por estos desalojos.
La AUGC ha informado en un comunicado de que la mañana de este martes ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los Mossos porque, «tal y como recogen diversos medios de comunicación y las redes sociales, algunos componentes individuales y unidades no han ejercido sus competencias y no han dado cumplimiento estricto y efectivo a los mandatos y resoluciones judiciales tendentes a evitar la organización y celebración del referéndum ilegal».
La asociación mayoritaria sostiene que «estos hechos -de ser ciertos- son sin duda graves» y los agentes autonómicos podrían haber incurrido en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
La AUGC pide a la Fiscalía que investigue «y adopte las prevenciones que, al respecto de los mismos y a resultas de dicha investigación, estén previstas en el ordenamiento jurídico», por si dicha «pasividad» pudiera obedecer «a actuaciones individuales o colectivas, o a instrucciones recibidas de la cadena de mando de los Mossos de Esquadra o de sus responsables políticos».
La asociación ha presentado también ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña otra denuncia en relación a los hechos sucedidos en el Hotel Vila de la localidad barcelonesa de Calella, «que este lunes hizo abandonar el establecimiento a los dos centenares de guardias civiles que allí se alojaban».
En esta denuncia se detalla que presuntamente la alcaldesa de Calella «habría llamado al director del hotel y le habría dicho que o echaba a los agentes o paralizaría el expediente de una licencia de reforma total del establecimiento».
Por su parte, la Unión de Oficiales ha solicitado a sus servicios jurídicos que interponga las denuncias correspondientes por «la expulsión» de guardias civiles y policías nacionales de varios hoteles catalanes, a cuyas puertas se han vivido «escenas análogas a una rendición, a marchas ignominiosas, a derrota».
Añade que se sabe «quién incita al desalojo» porque «está todo perfectamente organizado para presionar a los dueños de los hoteles».
En la misma línea, AproGC ha afirmado que «la escalada de tensión y violencia que no cesa en Cataluña sólo tiene un objetivo: buscar víctimas y sangre», y señala a los «dirigentes catalanes» como «responsables y culpables penales de lo que pueda ocurrir».
En su opinión, el Gobierno debe reaccionar y poner los medios «para proteger a los guardias civiles y sus familias que actualmente prestan servicio en Cataluña y que se sienten absolutamente abandonados y desprotegidos».
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