La fiscal ha mantenido en el juicio del caso Gürtel su petición de 125 años de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo.
En la sesión de este lunes la fiscal Concepción Sabadell ha señalado que la Fiscalía sigue acusando a los 37 enjuiciados, si bien ha rebajado la petición de pena para Bárcenas de 42 a 39 años de prisión y a López Viejo de 46 a 39 años y seis meses, al retirarles al primero el delito contra la Hacienda Pública por el IRPF de 2009 y al segundo los tres delitos fiscales que se le atribuían.
La fiscal ha explicado que dicha rebaja para Bárcenas y López Viejo se ha decidido en atención a las declaraciones de los peritos durante el juicio.
En su escrito definitivo la Fiscalía precisa que desde al menos el año 2000 Luis Bárcenas desarrolló una operativa dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en adjudicaciones públicas y apropiándose de fondos del Partido Popular que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza.
Añade que afloró mediante la simulación de distintas operaciones comerciales y lo destinó a pagos en efectivo de modo opaco para la Hacienda Pública.
24 años de prisión para Rosalía Iglesias
Según la Fiscalía, su esposa, Rosalía Iglesias, para quien mantiene la petición de 24 años de prisión, en connivencia con su cónyuge, también utilizó estos procedimientos para ocultar sus propias rentas y las de su esposo ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en España como en Suiza y simulando realizar alguna venta de cuadros.
Agrega que igualmente utilizó los fondos obtenidos por su cónyuge de la intermediación en adjudicaciones públicas y de la apropiación de dinero del PP para efectuar pagos en efectivo ocultos a Hacienda.
La Fiscalía relaciona que hubo al menos pagos «en efectivo» por parte del matrimonio de fondos procedentes de su enriquecimiento ilícito que totalizan 533.466 euros entres los años 2002 y 2010.
Precisa que desde al menos el año 2000 Luis Bárcenas enmascaró habitualmente la procedencia de sus fondos en efectivo como operaciones de compraventa de obras de arte, al igual que lo hizo su esposa con algunos de sus ingresos y de su esposo.
Rebaja las peticiones para los colaboradores
Por otra parte, la Fiscalía ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio, el empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y el constructor Alfonso García-Pozuelo, lo que supone que ninguno de ellos ingresaría en prisión.
En concreto a Alfonso García-Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, para quien pedía cuatro años y medio de cárcel, le ha rebajado la solicitud a dos años de prisión por cohecho sustituibles por multa.
A Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, le rebaja de dos años a cinco meses la petición de prisión por blanqueo de capitales y a Roberto Fernández de dos años y tres meses a once meses por fraude y malversación.
85 años para Pablo Crespo
La fiscal mantiene las peticiones de pena para el resto de acusados, entre los que destacan Pablo Crespo (85 años y seis meses), exsecretario de Organización del PP gallego y presunto número 2 de la red; Álvaro Pérez Alonso «El Bigotes» (5 años y dos meses), considerado el «hombre en Valencia» de Correa, y José Luis Izquierdo (45 años y dos meses), supuesto contable del entramado.
Igualmente para el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís (8 años) y para los exalcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (15 años y 4 meses), exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, a la que sigue atribuyendo una participación a título lucrativo al igual que al PP.
El exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que fue quien delató a la trama aportando grabaciones a Correa, se sigue enfrentando así a la misma pena de 6 años y 5 meses de cárcel.
También han expuesto sus acusaciones la Abogacía del Estado, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el PSOE.
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