La Asociación Hablamos Español desarrolla desde hace meses una campaña informativa y de recogida de firmas contra la política lingüística que pone en peligro la igualdad de los españoles en distintas comunidades autónomas.
Una de sus últimas acciones, en la localidad gallega de Sangenjo (bajo la alcaldía del PP), se vio obstaculizada por radicales del Bloque Nacionalista Gallego. Pero lo sorprendente, según denuncia la propia asociación, no fue la reacción del BNG, sino la actitud del alcalde, Telmo Martín, del Partido Popular.
Así, la entidad ha emitido un comunicado que, por su interés, reproducimos de forma íntegra:
«La Asociación Hablemos Españos viene desarrollando en toda España una campaña informativa para que se conozca en qué medida la imposición lingüística que se está llevando a cabo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Islas Baleares, y ahora también en Navarra, supone una vulneración de derechos, implica una traba para moverse o establecerse en cualquier logar de España, y es una anomalía sin parangón en una democracia.Una de las iniciativas que Hablamos Español ha puesto en marcha es una recogida de firmas para la ILP de Libertad de Elección de Lengua, admitida por el Congreso y el Senado, para la aprobación de una ley de rango nacional que garantice estos derechos. Para ello se organizan recogidas de firmas en toda España.
El día 8 de septiembre habrá mesas en más de cincuenta ciudades.El pasado 28 de julio la recogida de firmas en la localidad de Sangenjo no pudo llevarse a cabo de manera tranquila y con garantías, ya que un grupo de radicales, entre los que estaban dirigentes del BNG, la boicotearon ante la pasividad del Ayuntamiento, y a pesar de que Hablamos Español contaba con los permisos preceptivos para llevar a cabo esa actividad.Ante la negativa del Ayuntamiento de la localidad de Sangenjo a permitir posteriores recogidas de firmas, Hablamos Español solicitó permiso de reunión a la Subdelegación de Gobierno, permiso que finalmente fue concedido. La autorización y anuncio para el próximo domingo 26 de agosto, ha tenido como respuesta un lamentable comunicado promovido por el alcalde de la localidad de Sangenjo, una declaración que debemos responder.
Las ILP hay que firmarlas en pliegos sellados y numerados por la Junta Electoral Central y han de ser recogidas por fedatarios. Por internet solo se puede firmar con firma electrónica en un espacio aprobado por la Junta electoral de una forma tan estricta y complicada, que de 50.000 intentos se logran aproximadamente 500 firmas. Es por eso por lo que se organizan recogidas de firmas en la calle y sobre papel. Confunde el alcalde una recogida de firmas en apoyo de una ILP con las de plataformas por whatsaap.
Por último, Hablamos Español quiere manifestar que coincide con el alcalde en un solo aspecto de su comunicado. Es verdad que los fanáticos que defienden el totalitarismo lingüístico y los que proponemos enseñanza en lengua materna, que las instituciones usen las dos lenguas y que no haya barreras lingüísticas para circular por nuestro país, somos polos opuestos. Si el alcalde quiere situarse en un punto intermedio entre la libertad y la democracia y el totalitarismo, él verá en donde está, pero se ha convertido en el único alcalde de España que ha atacado directamente una asociación ciudadana de este modo. Hemos tenido problemas con algún ayuntamiento gobernado por nacionalistas, pero ninguno ha llegado al extremo del señor Telmo Martín.
Es más, se ha permitido, desde su cargo, realizar insinuaciones tendenciosas sobre la actividad y los fines de Hablamos Español, que hubiesen impedido su propia legalización, y que descalifican incluso a la propia Mesa del Congreso de los Diputados que ha autorizado la recogida de firmas en apoyo de la ILP. Es el propio alcalde el que no parece desconocer principios básicos en democracia, como son el de neutralidad política e ideológica de las administraciones públicas, al implicar al Ayuntamiento como tal en este debate y el del deber de las mismas para facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, especialmente los de carácter constitucional. Él no solo lo obstaculiza, sino que incluso trata de impedirlos porque, políticamente, cree le ‘interesa'».