La Agencia Tributaria (AEAT) ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora de alcance general sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la empresa familiar Whathefav, el empresario Julio Martínez Martínez, conocido como «Julito», y una docena de sociedades vinculadas a su entorno económico, según la documentación incorporada por el juez José Luis Calama al procedimiento del caso Plus Ultra.

La providencia, fechada el 3 de julio, incorpora las comunicaciones remitidas por las delegaciones especiales de la AEAT en Madrid y la Comunidad Valenciana y las traslada al Ministerio Fiscal para informe, sin acordar por el momento la suspensión de las actuaciones administrativas. La causa investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.

La inspección fiscal afecta al IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio e Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, con ejercicios comprendidos, con carácter general, entre 2021 y 2025. En el caso de Zapatero y Sonsoles Espinosa, las actuaciones comenzaron el 15 de junio de 2026; las de sus hijas, el 22 de junio; y las de Whathefav, el 26 de junio.

En sus comunicaciones al juez, la Agencia Tributaria señala que «se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general» respecto de los contribuyentes afectados. Asimismo, advierte de que estos «están siendo objeto de investigación en un proceso judicial penal», por lo que plantea la posible existencia de «prejudicialidad penal».

Según la AEAT, la tramitación simultánea de la vía administrativa y la penal podría generar duplicidades, conclusiones contradictorias y una utilización ineficiente de recursos públicos. Además, sostiene que parte de la documentación necesaria para la inspección podría encontrarse intervenida judicialmente, dificultando el desarrollo de las comprobaciones tributarias.

Por ello, Hacienda solicita al magistrado que, «en la medida que lo entienda oportuno», valore ordenar la paralización de las inspecciones mientras avance la investigación penal. No obstante, precisa que, si no recibe esa orden judicial, continuará la tramitación administrativa mediante las correspondientes liquidaciones provisionales y, en su caso, la imposición de las sanciones tributarias que procedan.